CGT Salamanca

La decisión de creación del Consejo del Alfoz de Salamanca es para CGT un paso, en principio, positivo para la racionalización de los servicios públicos al servicio de los ciudadanos que pone de manifiesto, una vez más, la inutilidad de las Diputaciones Provinciales. Esta racionalización debe realizarse teniendo en cuenta además la necesidad de que todos los trabajadores de las entidades locales afectadas también tengan los mismos derechos y deberes de manera que no se establezcan discriminaciones entre ellos. La inexistencia de convenios colectivos en varios de estos municipios o el que si existan en otros, como el caso de Salamanca o Santa Marta, llevará, de no corregirse mediante la elaboración o la adopción de una regulación común a que de hecho existan trabajadores municipales de primera y segunda en relación al ejercicio de sus derechos. Las áreas de colaboración que se han establecido en el documento que ahora se encuentra en fase de alegaciones por parte de los municipios implicados olvida completamente esta cuestión, algo inaceptable para la CGT.

Si el objetivo principal de este acuerdo es que los ciudadanos tengan más servicios y con menos costes tiene que quedar claro que esta rebaja de costes no la pueden pagar los trabajadores municipales. CGT ofrece su colaboración para que este punto fundamental también se tenga en cuenta a la hora de formalizar el Convenio definitivo de constitución del Consejo del Alfoz.

CGT también quiere manifestar su escepticismo hacia la función real de este Consejo del Alfoz ya que en demasiadas ocasiones iniciativas como esta se han quedado en mera propaganda. Recordemos que en la actualidad y sin necesidad de Consejo del Alfoz la cooperación inter municipal se extiende, aunque muy mejorable, a campos como el transporte público, con el Consorcio de Transportes, o al medio ambiente con la gestión de residuos a través del Consorcio GIRSA. Poner en marcha nuevos Consejos es a la vez reconocer que los existentes hasta ahora como elementos de cooperación no funcionan. Y la primera institución a la que se pone en evidencia, evidencia porque no funciona ni coordina es la Diputación Provincial. Replantear su función, y sobre todo su coste, debería estar también entre las conclusiones de este Consejo.