CGT Salamanca

La ONCE, una vez más, penaliza con graves medidas a los trabajadores de la Dirección Administrativa de su sede en Salamanca, mediante el despido de una trabajadora con 26 años de antigüedad en la empresa, la propuesta de traslado indefinido de 3 trabajadores a Valladolid , el desplazamiento indefinido de otros 3 que tendrán que ir a Valladolid tres veces por semana y la modificación de categoría de Contable a Oficial Administrativo.

Esta entidad, que se autoproclama de carácter social, no ha querido reubicar en otro puesto a una trabajadora con 26 años de servicios y que accedió a su puesto por oposición. Por contra, la ONCE sigue manteniendo en plantilla a trabajadores que disfrutan de un vínculo familiar con directivos de la empresa y que accedieron a la misma cambiando el trabajoso trámite de la oposición por otro más directo e injusto, el del enchufismo. Lo mismo ocurre a la hora de seguir manteniendo a una trabajadora contratada temporalmente pero afín a la Dirección.

Denunciamos, también, la actual política laboral que, en el ámbito nacional, siguen los directivos actuales de la ONCE , despidiendo, desde los primeros días de noviembre, a graduados sociales, contables, interventores, administrativos y otros profesionales altamente cualificados, en una especie de camuflado, pero muy "legal" expediente de regulación de empleo.

Los despidos de esta empresa, que se dedica a temas tan humanitarios, se producen de forma fulminante y sin el preceptivo preaviso. Esto ocurre en Direcciones Administrativas de la ONCE ubicadas en capitales de provincia, como Salamanca, Huelva, etc., y en ciudades de considerable magnitud, como Jerez de la Frontera, Cartagena, Algeciras, etc.

Además , la ONCE, está obligando a otros empleados técnicos, bajo coacción y amenaza de despido, a firmar solicitudes de traslado “voluntario” a ciudades de otras comunidades autónomas que se encuentran a cientos de kilómetros, obligando al afectado, a aceptar el cambio o, en caso de rechazo, a comerse un despido objetivo con una mínima indemnización.

Y todo esto ocurre en una empresa como La ONCE que está conceptuada legalmente como una entidad benéfica, con fines sociales, exenta de tributos y obligada por precepto jurídico a mantener el empleo.

Un lujo de fines y una nefasta realidad laboral ejercida por unos directivos que olvidan, desconocen o repudian el más elemental sentido de la ética que debe primar, también, en el mundo del trabajo.