La Junta de Castilla y León recurre el copago hospitalario de Mato

Publicado en Noticias Martes, 03 Diciembre 2013 12:56

Ninguna Comunidad Autónoma ha aplicado el medicamentazo hospitalario

20131202 Medicamentazo hospitalario

El Consejero de Sanidad, Sáez Aguado, ha trasladado a los servicios jurídicos un informe para que en los próximos días se pueda presentar formalmente un recurso contencioso administrativo para reclamar la anulación del "medicamentazo hospitalario" de la resolución del Ministerio de Sanidad, cuya titular es Ana Mato. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León considera que el copago hospitalario "ni debe ni va a tener" un efecto disuasorio y, además, desde el punto de vista de la sostenibilidad "no va a generar ahorros para la sanidad pública". "Si no va a generar ahorros y no va a disuadir a los pacientes de utilizar esa medicación, no encontramos ningún elemento positivo", ha declarado el titular de Sanidad de Castilla y León. "Creemos que se ha realizado de manera inadecuada con una norma sin rango suficiente y por un órgano ministerial incompetente", ha insistido al respecto el consejero.

 

El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reclamó en septiembre la gobierno de Rajoy que diera marcha atrás en el cobro de medicamentos en las farmacias hospitalarias. Tras no recibir respuesta por parte del Gobierno o el Ministerio de Sanidad, ahora el gobierno regional del PP anuncia que recurrirá a los tribunales para intentar impedir que la medida se aplique en Castilla y León.

 

Esta medida, adoptada por el Gobierno en su guerra para la privatización de la Sanidad, no ha tenido apoyo de ninguna de las Comunidades Autónomas del Estado español, y de hecho no se está aplicando por la negativa de todas ellas. Presentada como garantía de igualdad para los pacientes de todas las autonomías, la verdadera historia del medicamentazo hospitalario responde a intereses muy distintos del bien común o la justicia sanitaria, como bien nos explican los compañeros de CGT-CAT, la Sección Estatal de la Seguridad Social de CGT:

 

"El Boletín Oficial del Estado del jueves 19 de septiembre de 2013 publicó una Resolución por la que se introduce el repago para los medicamentos de uso hospitalario indicados para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas tales como el cáncer, el asma, la artritis, la hepatitis, la psoriasis o el VIH. Hasta ahora esos medicamentos eran dispensados de forma gratuita en los servicios de farmacia de los hospitales, a la dosis indicada para el tratamiento. A partir del 1 de octubre, las personas gravemente enfermas deberían pagar el 10% del precio total del medicamento con un tope máximo "actualmente"– porque son medicamentos caros - de 4,20 euros por envase. Es evidente que la palabra "actualmente", deja la puerta abierta aincrementar en el futuro esta cantidad. Además, si la dosis de medicamento indicada no coincide con el envase se hará el cálculo de la cantidad proporcional a pagar.

 

La medida es de aplicación obligatoria en todas las CC.AA. del Estado.

 

Como el cinismo del Gobierno parece no tener límites, para justificar esta medida, se dice que se implanta el repago en este tipo de medicamentos, mediante "aportación reducida", 4,20 euros/envase, "pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia". Es decir, se busca la equidad para los medicamentos pero no para las personas pobres gravemente enfermas que no puedan pagar medicamentos indispensables para su tratamiento, penalizándolas como si fueran las responsables de su enfermedad.

 

Valoración:

 

1. La situación desesperada de millones de personas paradas, de pensionistas con pensiones de miseria, de personas emigrantes sin papeles -cuya única posibilidad de acceso a los medicamentos era su dispensación hospitalaria- o la juventud parada o precaria, determina que la medida adoptada equivalga a una condena a muerte cuando caigan gravemente enfermos.

 

2. El ejercicio de la responsabilidad profesional del médico -insistimos, en el caso de enfermedades especialmente graves- queda seriamente menoscabada, en la medida que se hace de imposible cumplimiento su obligación de tratar a todas las personas en función de sus necesidades, independientemente de su situación económica o administrativa.

 

3. La medida se inserta en el cumplimiento del objetivo general del capitalismo en crisis quien, a través de los gobiernos de turno, está llevando a cabo un expolio sistemático de derechos y prestaciones sociales, con la finalidad cada vez menos encubierta de liquidar –en sentido estricto– a los millones de trabajadores y trabajadoras que no necesita para la producción. Esto se parece cada vez más a las políticas fascistas.

 

4. Además del gran capital en general, la medida adoptada beneficia directamente a la sanidad privada que ve eliminada otra barrera que la diferenciaba de la pública".

 

Este nuevo abuso del poder, encaminado a vaciar de contenido y coberturas la Sanidad Pública, solo busca ser un paso más hacia la privatización de la sanidad y el reparto de los beneficios antisociales que generará, a buen seguro, una fuente de enriquecimiento personal para unos pocos, y la ruina o la muerte para muchos. Precisamente para los que, con una vida de trabajo y honradez, han hecho posible lo que ahora, de forma criminal y con argumentos falaces e increíbles quieren destruir.

 

Tanta es la desvergüenza, tanto el descaro, tanto el agravio, que ni siquiera sus cómplices de partido los apoyan.

 

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