El Ayuntamiento de Salamanca presentó el "III Premio Salamanca Concilia". En la citada presentación pudimos escuchar por parte de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades y del concejal de Economía, Innovación y Comercio, los beneficios que tiene la conciliación de la vida laboral y familiar para las empresas e instituciones, con frases como: "la conciliación permite facilitar la vida de las personas y es beneficioso para la productividad de la empresa, al aumentar su competitividad, el clima laboral, y la mejora del prestigio social de la empresa", también "tiene un impacto en la cuenta de resultados de la empresa a repercutir directamente en un aumento de la productividad" y de manera tajante afirmaban que " No admitimos que se nos diga que la conciliación es cara (...) porque es una visión cortoplacista".

Ante estas proclamas, cabría pensar que el Ayuntamiento de Salamanca es un defensor a ultranza y fiel ejemplo de lo que se debe hacer para conciliar la vida laboral y familiar, desde la convicción y el sentido común, pero nada más lejos de la realidad.

Los responsables políticos de este Ayuntamiento están poniendo trabas en la elección de horario para reducir la jornada y poder conciliar la vida laboral y familiar, de manera arbitraria, sin ningún tipo de motivación razonable y que solo puede entenderse si tenemos en cuenta que para esta administración pública "no tiene otro sustento que la mera comodidad" como se ha atrevido a alegar ante los tribunales.

Olvidan que la Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, está concebida para poder facilitar los cuidados a una persona dependiente de la solicitante, además de favorecer la igualdad de hombres y mujeres y no como un "regalo" para la persona que reduce su jornada, ya que además de seguir dedicando su tiempo al trabajo de cuidar, ve reducido su salario.

También arguyen "la incompatibilidad de la medida con el interés público". Este argumento es sorprendente cuando siguen eliminando y privatizando servicios públicos, suprimen ayudas y prestaciones, recortan plantillas de manera que el servicio se ve perjudicado, reducen los presupuestos en algunas partidas (en otras no se toca)...Todo esto sí afecta a la calidad de los servicios públicos, al interés público, y no el facilitar el cuidado de las personas dependientes.

Desde CGT, venimos denunciando desde hace tiempo el doble rasero que utiliza esta corporación: mientras da premios y menciones a empresas, las personas que trabajan en el Ayuntamiento se ven obligadas a acudir a los juzgados a ganarse el DERECHO que les corresponde, con la consiguiente dilatación en el tiempo y el perjuicio irreparable para la persona dependiente.