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El EBEP, esa ley al servicio de los privilegios de unos pocos y que sirve para convertir la Administración en el cortijo de las oligarquías del siglo XXI. Esa ley que bajo aparentes principios morales esconde miserias e intereses despreciables y que justifica la conversión de lo público en el negocio privado de unos pocos. Esa ley que convierte el enchufe y la utilización del dedo en la forma de acceso a la Administración.

El EBEP, esa ley que han utilizado repetidamente como argumento legal en aquellas ocasiones en las que han actuado en contra de los intereses y los derechos reconocidos del empleado público.

El EBEP. Esa ley para la que se pusieron de acuerdo los grandes partidos del sistema y que fue concluida con la Declaración sobre el Estatuto Básico del Empleado Público de 13 de junio de 2006, suscrita por los sindicatos más votados (que no representativos).

El EBEP, esa novela de ciencia ficción en la que bajo ambigüedades, eufemismos y embozos y la utilización de grandes expresiones políticamente correctas se enmascara la espuria utilización de la administración para intereses personales u oligárquicos.

El EBEP, el disfraz legal que oculta el fin de la figura del empleado público y su ejercicio de las potestades públicas en la defensa de los derechos de los ciudadanos y el control del cumplimiento de sus deberes en igualdad. Una ley necesaria para el sometimiento de lo público a mafias y oligarquías.

El EBEP, una ley lo suficientemente abierta para poder desarrollar legalmente cualquier despropósito. Todo lo contrario a la ley 30/1984, tan delimitada, que fue necesario el incumplimiento repetido de la misma y el desarrollo de excepciones a través de leyes de acompañamiento y reales decretos dictados por urgente e inaplazable necesidad de manera unilateral y aplaudidos por los socios (aparentemente contrarios) de la oligarquía política.

Analizado el resultado de la literatura barata que es el Estatuto Básico del Empleado Público, desde CGT exigimos una ley en la que se anule el personal eventual (nombrado a dedo), el interino eterno, el de libre designación, la comisión de servicios y en el que se incluya el desarrollo de un concurso de traslados abierto y permanente. Que la única forma de acceso sea mediante la oposición, sin fórmulas alternativas como consolidaciones o reducciones de temporalidad y sin méritos conseguidos de forma privilegiada a dedo o por parentesco o amistad. Una Administración en la que el concurso no sea una forma de acceso. No hacen falta tantos cargos políticos ni asesores -cuyo mérito sea su apellido o afiliación- para gestionar la voluntad de los ciudadanos, sino funcionarios profesionales y que han demostrado su capacidad en condiciones de igualdad. Una ley que no pueda ser ninguneada mediante acuerdos ni normas emitidas por élites interesadas y por lo tanto en la que no quepan excepciones. Una ley que gestione una administración de todos y para todos. Sin empresas que sirven a cuentas corrientes particulares. Sin fundaciones que bajo nombres bondadosos sirven para pagar cantidades infames a ilustres ciudadanos que tan solo se han servido a sí mismos. Sin organismos que sirven para contratar con sueldos espléndidos a los suyos. Y sin entes al servicio de aquellos a los que la ciudadanía les importa un comino.

Desde CGT no permitiremos una ley en la que los privilegios de algunos sean derechos a costa de la pérdida de los mismos del resto de la ciudadanía.

¡¡CGT CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO!!

¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, LO TUYO!!

Una reflexión crítica y autocrítica sobre nuestra contribución a la transformación social

No seremos nosotros los que defendamos, desde nuestra posición libertaria anarcosindicalista, la necesidad de mantener una estructura de Estado, pero sí la obligatoriedad de dotar a la sociedad libre, compuesta de hombres y mujeres libres, de una forma de administrar los bienes y servicios que son de propiedad (todos deberían serlo) colectiva o comunitaria. A esta forma la llamamos Administración Pública y las personas que, a pesar de todo, conseguimos que funcione, trabajadores y trabajadoras públicos.

Pues bien, este colectivo de trabajadoras y trabajadores, que consideramos una suerte tener la ocupación de contribuir a la felicidad de nuestros conciudadanos, padecemos una severa desgracia: estar a las órdenes de una cohorte de corruptos y gangsters que atesoran sus infames fortunas negociando con los bienes comunes, con el capital colectivo del pueblo, con la venta de unas propiedades que son de uso común y con la cesión a empresas particulares de la gestión de organismos públicos, empresas de las que también se llevan su buen pellizco ¿Con qué derecho estos ladrones se apropian de unos bienes que pertenecen a todos, y con qué derecho negocian con ellos esos charlatanes encorbatados y sempiternamente sonrientes? Por lo menos, ya sabemos de qué se estaban riendo esos hijos de puta; la última redada, en la que han caído más de cincuenta -y son sólo la punta del iceberg- lo corrobora: de nosotros, de todos nosotros.

¿Tendremos la culpa de algo? Que no nos quepa la menor duda. Tenemos la culpa de haberlos dejado llegar hasta ahí, de haberlos votado y de tratarlos como si fueran grandes señores; tenemos la culpa de haber delegado en esos granujas nuestro poder, de desentendernos de nuestro futuro. Y así nos va. "El precio de desentendernos de la política es ser gobernado por los peores hombres" (Platón). Pero ya tenemos suficientes pruebas que nos demuestran el tipo de gentuza a la que hemos estado sirviendo. Y, reconozcámoslo, no ha sido al pueblo que nos paga, ha sido a ellos, a los mismos que nos han robado derechos laborales y el 28% de nuestro poder adquisitivo más pagas extras.

Sí, hace tiempo que venimos uniéndonos a las reivindicaciones ciudadanas (Salud, Educación y Cultura, Justicia, Vivienda, etc) pero es hora, también, de convertirse en pueblo, de dejar de ver como un privilegio trabajar para la Administración Pública y verlo como un servicio a la Comunidad, a ese pueblo que ha comenzado a rebelarse contra esos corruptos que, además, son tan ignorantes que no conocen ideas que ya se daban en el Renacimiento: "Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo" (Maquiavelo) y que maduran con los ideólogos de la Revolución Francesa antes de que se aburguesara: "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes"(Robespierre)
Pero la revolución se aburguesó y, con ella, los llamados a defender y administrar la propiedad común. "Hoy, el Poder Público viene a ser pura y simplemente, el Consejo de Administración de la clase burguesa" (K. Marx)

Y ese Poder Público tenía sus empleados públicos, esas personas que estaban en contacto directo con los ciudadanos y otorgaban o denegaban, en función de preferencias, amistades, relaciones familiares e, incluso sobornos, determinadas prebendas. Estos empleados públicos, además, estaban juramentados con las diversas opciones políticas del momento con el fin de asegurarse el puesto cuando su partido alcanzara el poder. Costó mucho que este método de selección de personal se sustituyera por el de publicidad, mérito y capacidad, tanto que, aún hoy, la designación a dedo y los despidos y ceses arbitrarios se siguen contando por centenares y hasta por miles.

Costó mucho y sigue costando que un empleado público no considere su trabajo como parte de su propiedad privada. Como cualquier otro trabajador debe considerar el desempeño de su función como propio, pero no el trabajo en sí, porque "La propiedad es un robo" (Proudhon) y siempre sale del despojo de los otros. Una vez dicho esto y asumido su significado, tenemos que comprender que nuestro puesto, nuestra lucha, está en el mismo lado que lo tiene toda la demás clase obrera, porque de ella somos y a ella nos debemos. "El Viejo Mundo está en proceso de disolución. Uno sólo puede cambiarlo a través de una revolución integral de las ideas y los corazones" (Proudhon)

Es por esto que, al igual que en el resto de producciones (industrial, agrícola, de servicios) "toda nuestra producción es un contrasentido. "Al negocio no le interesan las necesidades sociales, sólo trata de aumentar las ganancias del negociante. Por eso la industria fluctúa constantemente y está en una crisis crónica" (Kropotkin).

Sí, aquí es donde hemos ido a parar, a que la Administración Pública sea considerada como un negocio por políticos corruptos, altos ejecutivos, cargos nombrados a dedo y otros ladrones que, bajo el amparo de un sistema "democrático"-burgués, y, por tanto, nacido del latrocinio propio de su clase -que se nutre del esfuerzo de los asalariados- se han apropiado de los bienes comunes para sacar de ellos beneficios económicos ilegítimos. Es decir, el auténtico sentido solidario de la propiedad pública ha sido anulado para enriquecer a unos pocos. "La libertad no puede ser realizada más que en sociedad, y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos" (Bakunin).

Esta ley solidaria de cooperación (muy superior a la de la competencia) nos la enseña ya la Madre Naturaleza, a la que no le hacen falta complejos Estados jerárquicos para conseguir sus fines. "La gran desgracia es que una gran parte de leyes naturales, ya constatadas por la ciencia, permanecen desconocidas por las masas populares gracias al cuidado de los gobiernos y la iglesia" (Bakunin).

Insistimos en que desde este sindicato anarcosindicalista no queremos, de ningún modo, defender la existencia del Estado -nuestro gran enemigo junto al Capital- Ya lo decía el padre del anarcosindicalismo español, Anselmo Lorenzo:

"Justificar el Estado es tarea ingrata, imposible, tanto valdría empeñarse en hacer higiénica y habitable una asquerosa cloaca teniendo libre acceso al bosque, a la pradera, al valle, a la montaña, al río, al mar."

http://fetap.cgt.es/comunicado-de-cgt-a-todas-las?var_mode=calcul

El BOCYL del lunes 3 de febrero pasará a la historia de la Administración de CyL como uno de los más aciagos para los empleados públicos por oposición.

La Junta CyL publica el Acuerdo 22/2014 que aprueba las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. De las 65 medidas –que recomendamos estudiéis bien a fondo- queremos destacar aquellas en materia de recursos humanos, porque nos la quieren colar pero bien.

El documento completo, elaborado por la Corodinadora de CGT Junta CyL

20140213_Reforma_admón_jcyl_informa.pdf

Enlace a la disposición en el BOCyL

Medidas para la reforma de la Administración JCyL

¡LA LUCHA CONTINÚA!

La creación de Unidades y Áreas de Gestión Clínica traerá recortes y discriminación profesional

Como esperábamos desde CGT se ha producido la renovación del pacto social entre los sindicatos corporativos (CEMS y SATSE) con SACyL; que curiosamente sucede días antes al acuerdo firmado por los mismos sindicatos y organizaciones de enfermería y médicos con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En ambos casos, tanto de nuestra comunidad como nacional, creemos que el gran objetivo a cumplir es el proyecto de Unidades y Áreas de Gestión Clínica.
Nuevamente la Administración propone sistemas de recorte en la Sanidad Pública, pero en esta ocasión disfrazado de un adorno de autonomía y autogestión para el logro de unos objetivos sanitarios beneficiosos para el usuario y el profesional.
Desde CGT denunciamos que nada hay más lejos de la realidad; puesto que la creación de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica lo único que pretende es el ahorro, tanto en recursos humanos como materiales, necesarios para la óptima realización de la asistencia sanitaria; con el consiguiente deterioro de la misma.
Pero lo más grave en esta ocasión es que la tijera se la dan para que la utilicen los trabajadores, ofreciendo como en otros ámbitos y ocasiones prebendas; entre ellas incentivos tanto económicos como de poder para conseguir el clientelismo de dichos trabajadores hacia la Administración (recordando mucho a las subvenciones por distintas vías a los sindicatos amarillos en pactos sociales que ya conocemos.....)
Lo que no saben los trabajadores es que dicha "autogestión" no es real puesto que sigue siendo una jerarquía piramidal y no una organización horizontal. Los cargos de toma de decisiones están como siempre en manos de las citadas categorías profesionales firmantes. La dirección la llevara un médic@ con cargo de Jefe de Servicio o Coordinador en Atención Primaria y la Coordinación una enfermer@ con cargo Supervisor@ o Responsable de Equipo en Atención Primaria. Serán puestos de nivel I y, por supuesto, serán de libre designación.
Dicha Dirección tienen tantas funciones asignadas a una sola persona que puede incitar a una situación de caciquismo y un uso sesgado de los presupuestos, recursos humanos y materiales. Por citar algunas:
*Proponer horarios, turnos y tareas de cada miembro del equipo
*Establecer objetivos individuales de los profesionales miembros del equipo
*Proponer cobertura de puestos de trabajo, mediante nombramiento de personal temporal
*Establecer pactos de consumo para el cumplimiento de objetivos de Programa de Gestión Clínica.
Por experiencias anteriores, y partiendo de la base de un presupuesto negociado entre los firmantes de dicho Acuerdo , nos preguntamos si para lograr esos incentivos económicos (productividad variable), ¿habrá que recortar en materiales básicos como papel higiénico, gasas....? ¿Se dejarán de realizar pruebas diagnósticas caras alegando ser innecesarias.....? ¿Se dejarán de administrar tratamiento durante los ingresos, teniendo que aportarlos los pacientes...? ¿ Serán cubiertas las necesidades de personal tipo bajas, libranzas, días de libre disposición....? ¿O las cubrirán los propios miembros del equipo? ¿Qué participación tendrá el resto de categorías profesionales del equipo, tanto sanitarios como no sanitarios, a la hora de marcar objetivos o evaluar su obtención....? ¿Las cantidades repartidas serán equitativas o seguirá habiendo como siempre diferencias insalvables? ¿Qué ocurre con el agravio comparativo del resto del personal del SACyL que realiza el mismo trabajo y con la misma calidad? ¿No habrá ingresos de pacientes de clínicas privadas encubiertos?...
También se habla de Alianzas Estratégicas entre Unidades y Áreas de Gestión Clínica que permitirán la movilidad del personal ente dichas Unidades o Áreas, que hasta ahora no eran legales.
Todo lo expuesto hasta ahora corresponde al Nivel I. En cuanto a los niveles II y III, las funciones de organización y gestión serán puestas por la Administración tras evaluar ella los resultados de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica.
Aclarar a su vez que durante el periodo de obligada permanencia en el Nivel I no será de aplicación la materia de incentivos económicos.
Otro tipo de regalo de la Administración por la participación en la Unidad y Área de Gestión Clínica: Se tendrá en cuenta como mérito a efectos de la carrera profesional, con el consiguiente agravio comparativo con el resto de profesionales del SACyL. Todo lo anteriormente dicho nos hace cuestionarnos las buenas intenciones de la Administración prometiendo una mejora en la atención a la salud de los ciudadanos, o de las condiciones laborales de los trabajadores.
Desde un sindicato como CGT que apoya y pelea por la Organización, Autogestión, Autonomía e Igualdad, pero REALES, denunciamos que todo el proyecto de Unidades y Áreas de Gestión Clínica es una forma de degradación encubierta y que llevaría a la privatización real de la Sanidad.

POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD

SI QUEREMOS, PODEMOS

El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), organismo autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, se encuentra en situación de quiebra debido a la política de abandono y desidia del Gobierno en todo lo relativo al modelo público de protección social.

Hagamos un breve repaso a los antecedentes que han producido esta situación:

§ La reforma laboral del 2010, aprobada por el PSOE, constituye un "Fondo público de cobertura de indemnización por despido" estableciendo que corresponde al FOGASA abonar una indemnización de 8 días por año trabajado en casi todos los casos de despido, incluyendo empresas solventes o que no están en concurso, es decir, se subvenciona con dinero público el despido en la empresa privada.

§ La reforma laboral del 2012, aprobada por el PP, con su apartado de "Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo" produce un aumento de ERES en el Estado superior al 70% (Extremadura:182%, Murcia:159%, Euskadi:126%), vulnera la negociación colectiva lo que provoca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que haya más de 3.000 convenios colectivos pendientes de firma (afectando a 4 millones de trabajadores). Además introduce la posibilidad de despido en el sector público, curiosamente en el que más empleo se destruye durante el último trimestre de 2012.

Con semejante panorama el FOGASA se encuentra con más de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de €. Su plantilla constituida por unas 400 personas ve incrementada su actividad un 500%, mientras se amortizan jubilaciones o no se cubren bajas por enfermedad. Sus letrados (cerca de 130) sólo llegan a cubrir un 30% de los procesos judiciales lo que provoca el pago de prestaciones indebidas, como declara un funcionario "en los procesos concursales hay que estar vigilantes, los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan abasto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden". Por la otra parte, los trabajadores afectados sufren demoras de hasta 18 meses en el pago de sus indemnizaciones, en muchos casos se encuentran en situación de precariedad (carentes de ingresos o pendientes de embargos o desahucios) Un funcionariado desbordado intenta agilizar todos los trámites, pero es imposible.

El Gobierno decide actuar con eficacia y contundencia, concede una dotación al FOGASA de 843 millones de € para el año 2013, consciente de que durante el año 2012 se habían desembolsado 1.530 millones, lo que había supuesto un incremento de un 2% respecto a 2011 y superado el 22% del gasto presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Cuando los sindicatos comunican la situación de colapso al Ministerio de Empleo se les contesta que "no hay presupuesto" (sin duda expresión más amable que el famoso "que se jodan" made in Frabra).

Además "como el Gobierno también tiene la certeza de que el FOGASA no funciona, entre otras cosas, por el exceso de funcionariado", decide impulsar un Plan de viabilidad que contiene dos programas, que se supone comenzarán a funcionar a partir del 15 de septiembre:

§ GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados): Se adjudica de forma "temporal y transitoria" a una empresa privada la resolución de unos 125.000 expedientes. (¿Qué pasa con la ley de protección de datos o con el procedimiento administrativo...?)

§ FONO: Adjudica de forma definitiva la atención telefónica a los beneficiarios del fondo.

El Ministerio de Empleo (en la habitual línea de contradicción gubernamental) asegura que la gestión privada aminorará el fraude en las prestaciones, aunque por otro lado, desmiente que se vaya a privatizar el FOGASA.

Para elaborar un nuevo plan de funcionamiento se contrata a la consultora privada KPMG, la misma elegida para establecer un sistema de supervisión de los desempleados que perciben prestaciones. Para tranquilidad de desempleados decir que KPMG auditó las cuentas de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) desde 1991 sin detectar nunca ninguna irregularidad hasta su intervención por el Banco de España y la imputación de su cúpula directiva por estafa en el 2011. Aún hay más, recientemente ha sido denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid por haber infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y su Código Deontológico, por el conflicto de interés que suponía ser al mismo tiempo: el encargado de decidir qué afectados por las preferentes de Bankia tenían derecho al arbitraje y el defensor de esa entidad ante los tribunales. Entre los trabajadores que tiene o ha tenido la consultora nos encontramos con Elena Pisonero Ruiz, colaboradora de la FAES y antigua Secretaría de Estado de Comercio y Turismo o Román Ceballos, conocido zaplanista y Secretario de Empleo de la Generalitat que fue cesar y fichar como director del Área Laboral. Esta consultora, a raíz del caso Bárcenas, se ha negado a realizar una auditoría externa a las cuentas del PP, claro está que razones no le faltan.

Para CGT/CAT la situación del FOGASA no pasa por privatizar y consideramos prioritario el ingreso de un número suficiente de funcionarios y mayor crédito presupuestario, así como una profunda reestructuración del modelo político, económico y social que entre otros aspectos contemple la autogestión de las empresas por los trabajadores. Asimismo consideramos que esta situación trata de buscar a medio o largo plazo la supresión de las prestaciones públicas por desempleo y la implantación del denominado "modelo austríaco" consistente en un fondo de capitalización individualizado pagado del bolsillo de cada trabajador y que incluiría la cobertura en caso de paro, es decir, como el despido ya es prácticamente libre, ahora se pretende que resulte totalmente gratuito para el empresario y que sea cada trabajador el que pague su propio despido. Desde CGT/CAT no nos resignamos a colocar arrodillados velas ante los "Santos patronos" para descanso de nuestra conciencia (como se recomendaba en el Telediario de TVE) sino que continuamos por el camino para ganar derechos:

DIGNIDAD Y LUCHA!!!

"CGT se opone a la privatización de la labor de gabinete del Censo de Lobo

de la Junta de Castilla y León"

El nuevo inventario confirmará si el número de manadas ha crecido desde el 2001

El Plan de Gestión del lobo en Castilla y León establece que se debe llevar a cabo un censo de sus poblaciones cada diez años. Los Agentes Medioambientales de Castilla y León están recibiendo instrucciones para la recogida de datos sobre el terreno y la elaboración del censo 2013.
A través de las diferentes reuniones que en la primavera pasada se han realizado con integrantes de los colectivos de Agentes Medioambientales (Escala incluida centro del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de personal funcionario) y Celadores de Medio Ambiente (personal laboral) en algunas provincias de la Comunidad Autónoma, hemos recabado una serie de datos que nos llevan a rechazar frontalmente desde un punto de vista estrictamente sindical una parte de la modalidad en la que se va a proceder a realizar esta labor, a llevar a cabo entre los años 2012 y 2013.

Valoramos positivamente que la labor de campo de este Censo Regional vaya a ser llevada a cabo por parte del personal de la Administración (Agentes Medioambientales y Celadores) ya que se trata de dos colectivos que diariamente realizan y desarrollan su labor profesional en el medio natural en el que se van a realizar los transectos de 10 Km., y sobre todo, porque al ser personal de la Administración se garantiza la imparcialidad, objetividad y profesionalidad a la hora de llevar a cabo esta tarea, labor que por otra parte se encuentra expresamente incluida dentro de la normativa que define sus funciones y competencias.

A lo que desde CGT nos oponemos de forma rotunda es que el trabajo de gabinete consiste en el procesamiento de los datos de campo recogidos en las fichas elaboradas y destinadas a inventariar los indicios de presencia (en forma de huellas, excrementos, raspaduras y otros) por parte de los Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente, sea llevado a cabo por parte de una empresa externa, la Consultora de Recursos Naturales, S.L.

Desde CGT consideramos que existe personal propio de la Administración Pública que puede llevar a cabo esta labor de procesamiento de datos en oficina, concretamente los Técnicos de las Secciones de Vida Silvestre y de Espacios Naturales y Especies Protegidas de los diferentes Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las diferentes provincias así como los Administrativos y Auxiliares Administrativos que desempeñan su labor profesional en estos departamentos.

Los funcionarios Públicos mencionados en el apartado anterior deberían ser las personas encargadas de llevar a cabo esta labor para los datos de campo recogidos en cada una de las provincias.
Análogamente si fuese necesaria una labor de coordinación para el procesamiento a nivel regional de los datos recogidos en cada una de las provincias, se dispone también de funcionarios públicos (técnicos, administrativos y auxiliares administrativos) que desempeñan sus competencias en el ámbito de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la responsable de llevar a cabo esta labor.

Desde la CGT nos oponemos rotundamente a que una parte de la labor necesaria para llevar a cabo el Censo Regional de Lobo sea desempeñada por una empresa y no por personal propio de la Administración Pública, cuando ésta dispone de personal perfectamente capacitado para llevar a cabo esta labor con total profesionalidad.

En este punto, desde CGT nos permitimos recordar que esta central sindical siempre se ha opuesto a que labores propias de la Administración Pública sean desempeñadas por parte de entes ajenos a la misma, bien sea a través de contrataciones, externalizaciones, empresas públicas, entes públicos de derecho privado o cualquier otra fórmula del prolijo abanico de "Administración B" que en estos años ha proliferado en detrimento del personal propio de la Administración.

Desde CGT consideramos que el hecho de contratar esta labor para que sea llevada a cabo por personal ajeno a Administración Pública supone una falta de respeto a los empleados públicos que podrían llevarla a cabo, empleados públicos que han superado exigentes procesos selectivos obteniendo los mejores puestos en sus respectivas promociones.

Desde un punto vista económico supone además un gasto añadido con respecto al trabajo realizado exclusivamente por la Administración y una falta de consideración hacia el contribuyente y el ciudadano.

Consideramos además en CGT, que un ente ajeno a la Administración Pública en ningún caso debe manejar la información con la que se trabaja en este tipo de labores, y mucho menos aún antes que la propia sociedad a la cual va dirigida (recordemos que los trabajadores públicos estamos al servicio de los ciudadanos, de nadie más).

Por otra parte CGT ha solicitado por escrito a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente copia del Pliego de Condiciones Técnico Facultativas relativo al "CENSO DE LOBO IBERICO", así como la forma de licitación.

CGT ha procedido a registrar escritos dirigidos a las Consejerías de Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, así como en varias Delegaciones Territoriales y Servicios Territoriales de Medio Ambiente con el contenido de la nota de prensa. De momento solo se ha recibido la callada por respuesta salvo la Delegación Territorial de Palencia, quien desvía la responsabilidad de esta privatización a la Dirección General y además viene a considerar este tipo de Asistencias Técnicas como parte del normal funcionamiento de la Administración, algo que desde CGT rechazamos con todas nuestras fuerzas, cuando existe personal público propio capacitado para hacer esa labor sin contaminaciones privadas que pueden alterar la objetividad de los resultados de estos trabajos y que suponen un despilfarro económico injustificable.

El Coordinador de CGT en la Junta de CyL