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El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y la reforma más dura del Código Penal desde que se aprobó en 1995. Son leyes que restringen los derechos de expresión, reunión y manifestación, que dotan de mayor poder al Gobierno en detrimento de juzgados y tribunales y que únicamente buscan proteger sus propios intereses, no los de las personas.

Vemos como mientras el nuevo Código Penal endurece las penas en delitos relacionados con la pobreza –hurto y enganches a agua o luz son ahora delitos–, pone contra las cuerdas a los migrantes –repenalización de manteros y castigo a quien ayude a transitar a sin papeles– y ataca a la movilización social –difusión de convocatorias como nuevo delito y endurecimiento de las penas por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y desobediencia–, la Ley Mordaza sanciona acciones de protesta social popularizadas por movimientos como la PAH, Stop Desahucios, Marchas de la Dignidad o el 15M.

CGT cuenta ya con 52 procedimientos abiertos, entre los penales y los administrativos, entre sus filas y ya son más de 200 sindicalistas que tienen imputaciones por hechos relacionados con huelgas. Frente a las declaraciones de Catalá en las que aseguraba que se suavizarían las penas por coacciones en contextos de huelga, las enmiendas presentadas por el Partido Popular al texto de la reforma del Código Penal tienen un objetivo bien distinto: una de ellas pretende aumentar la condena mínima a los piquetes de los seis meses actuales al año y nueve meses. La otra, a los que "mediante engaño, abuso de situación de necesidad, impidieran o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" les limita la pena máxima de los tres años de cárcel a dos.

Entendemos que es muy importante reflexionar sobre cuáles son sus reformas y cómo nos afectan, y también el por qué justo en este momento social, político y económico, y así podremos saber cómo responder a este nuevo ataque del poder.

Por este motivo el próximo jueves, 2 de julio, a las 19:30 horas en CGT (calle Pérez Oliva nº2, bajo) contaremos con la presencia de Raúl Maíllo (abogado del Gabinete Jurídico Confederal de CGT) para analizar la ley y conocer sus consecuencias.

Te esperamos

El martes 25N juzgan a Alfon en Madrid.Somos muchas la personas y colectivos que vamos a estar con él, un día más, para mostrarle nuestra solidaridad, la misma que él practica y que es precisamente la sinrazón por la que se le juzga: por salir a la calle a luchar por los derechos fundamentales de todas las personas.

Queremos estar delante de la subdelegación del gobierno en Salamanca, para hacer llegar a la sociedad y a aquellos que siguen empecinados en utilizar la represión como arma de sometimiento, nuestro mensaje: Basta de montajes policiales, queremos que Alfon siga en libertad.

Red Roja, Colectivo de Jóvenes Comunistas (CJC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), os llamamos a participar en la concentración que tendrá lugar junto a la subdelegación del gobierno en Salamanca, el próximo martes, 25 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, gritando para que Alfon siga en libertad, y leyendo un manifiesto con nuestras razones a favor de la libertad de expresión y de acción política.

ALFON LIBERTAD, ALFON LIBERTAD

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

La Confederación General del Trabajo quiere denunciar públicamente, la actuación totalmente injustificada de la empresa Salamanca de Transportes S.A., concesionaria del transporte urbano en autobús, contra una conductora, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.

El pasado día 17 de julio, nuestra compañera María José Jaramillo fue despedida, con la "excusa" de razones económicas, una medida que no se sostiene en sus argumentos ni en sus justificaciones. Cabe recordar lo siguiente:

• Esta empresa, después de 27 años gestionando el transporte urbano por autobús, volvió a hacerse con la concesión de este servicio público el pasado mes de abril. Estos dos meses parecen un tiempo insuficiente para que hayan surgido modificaciones sobrevenidas que no estuvieran recogidas en el pliego de condiciones del concurso y que fueran asumidas por la empresa del Grupo Ruíz.

• El contrato, a pesar de desarrollarse a riesgo y ventura, está subvencionado tanto en la explotación como en la inversión de material móvil. La subvención de explotación asciende a casi 7 millones de euros anuales de dinero público, y se determina en función de kilómetros recorridos.

• Existe un compromiso entre Ayuntamiento, empresa y mayoría del comité de empresa, que se escenificó en el mes de abril de 2013, que garantizaba el mantenimiento de la plantilla de la empresa a cambio de una importante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.

Después de la reunión que mantuvimos con el Gerente de la empresa, éste fue incapaz de explicar qué otras medidas habían tomado o iban a tomar, para mejorar las supuestas pérdidas económicas, ya que una medida tan traumática como un despido sin otras actuaciones, parece que no van a alterar mucho las cuentas de resultados de una empresa como Salamanca de Transportes. Hay que tener en cuenta que, sobre un presupuesto anual superior a los 14 MILLONES DE EUROS, el despido de nuestra compañera supondría un ahorro insignificante. El Gerente tampoco quiso informarnos de los criterios que se habían aplicado para determinar qué trabajador o trabajadora de los más de 200 que componen la plantilla debía de ser despedido. La elección de nuestra compañera resulta poco entendible cuando existen 38 conductores y conductoras con menos antigüedad que ella. Y se entiende menos que sea una mujer la despedida en una empresa en la que la inmensa mayoría de la plantilla son hombres.

Parece claro que el despido de Marijose no obedece a causas económicas; la verdadera razón de su despido radica en su lucha constante en la defensa de los derechos laborales y del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, y por ser parte muy activa en las actuaciones sindicales de CGT.

La Confederación General del Trabajo, en las últimas elecciones sindicales, fue la segunda fuerza más votada, y desde entonces ha realizado numerosas denuncias ante los juzgados y la inspección de trabajo por diferentes incumplimientos empresariales, lo que parece molestar mucho a los responsables de esta empresa, que en más de una ocasión se han visto obligados a modificar sus actuaciones por resoluciones judiciales logradas gracias a demandas de CGT. Nuestro sindicato ha sido el único que se ha opuesto a la concesión del transporte urbano, reclamando que sea el propio Ayuntamiento el que gestione este servicio público, lo que supondría un ahorro para las arcas municipales.

También esperamos que el Ayuntamiento de Salamanca, como responsable último de este servicio público, actúe de forma urgente, obligando a la empresa concesionaria a cesar en su actitud antisindical y obligue a la readmisión inmediata de nuestra compañera, y, en consecuencia, aplique las cláusulas por incumplimiento grave del pliego de condiciones.

Si la pretensión de Salamanca de Transportes, es que este despido tenga un efecto ejemplarizante para aquellas trabajadoras y trabajadores que no permiten el recorte de derechos, o atemorizar y acallar la voz de CGT, se han equivocado, ya que vamos a realizar todas las acciones necesarias hasta que se consiga la readmisión de Marijose y seguiremos oponiéndonos a cualquier medida injusta.

SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS

Cuando está muy reciente la carga policial del 2 de febrero -cuya denuncia ha sido presentada en los Juzgados el pasado martes 11-, sigue coleando la intervención de los agentes en la huelga general del sector de la Educación, convocada el 9 de mayo de 2013. Por aquella actuación, el policía nacional nº 87.718 solicita para el Secretario de Organización de la FL de CGT en Valladolid, la pena de un año y un mes de prisión.

En el escrito de acusación, el citado policía interesa la condena por un delito de atentado contra agente de la autoridad en concurso con una falta de lesiones, solicitando, además de la pena de un año y mes de prisión por el delito, una multa de 480 euros, además de una responsabilidad civil por importe de 936 euros.

Los hechos tuvieron lugar como consecuencia de la convocatoria de una huelga general en el sector de Educación el día 9 de mayo de 2013. Un grupo de entre 30 y 50 personas acudió a la sede de la Consejería de Educación para realizar un acto de protesta, pretendiendo entregar al Consejero Juan José Mateos un documento con las reivindicaciones y motivos de la huelga. Para ello, entraron dentro de la Consejería donde difundieron panfletos y leyeron un manifiesto. Y ante la ausencia del Consejero dejaron el documento en una de las oficinas. Dentro de la Consejería no se produjo ningún incidente, salvo un pequeño enfrentamiento verbal con una vigilante de seguridad que no ha reclamado ni ha denunciado los hechos.

Cuando el grupo salió de la Consejería, se volvió a leer de nuevo el manifiesto en el exterior sin oposición alguna por parte de los agentes de policía, ya allí desplegados. Concluido el acto, y cuando se estaban dispersando los manifestantes, los agentes de policía proceden a identificar a la persona que había leído el manifiesto (tanto dentro como fuera de la Consejería), y proceden a detenerla, usando para ello una fuerza desproporcionada, según los testigos presenciales. La policía ha justificado su actuación ante "la reiterada negativa a ser identificado al tiempo que trataba de evitar la actuación policial", lo que provocó las quejas y gritos de los manifestantes y de otras personas allí presentes.

En ese momento del tumulto, "una de las manifestantes que no ha podido ser identificada y cuyas características son las de mujer joven, de pequeña estatura y cabello de color negro, acometió con un paraguas al funcionario con carné profesional nº 87.718, golpeándole por la espalda, partiéndose el paraguas y haciendo entrega en este acto del mango del mismo."

Efectuada la detención de Felipe P.G., se produjo la separación del grupo de manifestantes de cuatro o cinco personas para su identificación, momento en el que Jesús Niño es golpeado reiteradas veces con la defensa por parte de uno de los agentes, atribuyendo a Jesús el hecho de que "acometió a los actuantes con violencia, llegando a agarrar del cuello al funcionario con carné profesional nº 87.718, siendo detenido...".

Montaje policial

Iniciadas las actuaciones judiciales como consecuencia del atestado policial, también se unieron los partes judiciales por las lesiones de Jesús Niño y Felipe P.G., el primero de ellos "presenta hematomas en ambos muslos y un golpe en codo derecho".

Por su parte, el agente nº 87.718 señala en su escrito de acusación que "ha sufrido lesiones consistentes en contractura muscular lumbar, contusión en hombro derecho y cervical, habiendo necesitado una única asistencia para su curación sin actuaciones facultativas necesarias posteriores, precisando 12 días impeditivos para su actividad habitual."

En ese mismo escrito de acusación interesa la condena de Jesús Niño por un delito de atentado contra agente de la autoridad en concurso con una falta de lesiones, solicitando la pena de un año y mes de prisión por el delito, y una multa de 480 euros, además de una responsabilidad civil por importe de 936 euros.

En el momento actual, todavía no se ha abierto el juicio oral, y la posición del Ministerio Fiscal ha sido en todo momento instar y apoyar el sobreseimiento y archivo de la causa. Si todavía se mantiene hoy día abierto, ha sido como consecuencia de que frente al Auto de sobreseimiento y archivo de 29 de julio de 2013, se vino a personar de forma individual el citado agente núm. 87.718 interponiendo recurso en fecha 11 de octubre de 2013, que finalmente fue estimado por la Audiencia Provincial por entender que, al menos, había una persona identificada (Jesús Niño) a la que se atribuía una agresión contra él.

Cabe destacar que la prueba de la grabación de las cámaras de seguridad hubiera podido esclarecer fácilmente los hechos, sin embargo, se ha informado por la Consejería de Educación que "el sistema de videovigilancia no permite actualmente la grabación de las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad.

Fuente y fotografías: Último Cero