La Junta de Castilla y León no tiene intención de reducir la alta temporalidad de la plantilla en los centros educativos ni de acabar con la precariedad y la situación fraudulenta de muchos docentes, tal como prueba la última Oferta Pública Extraordinaria, llamada de Estabilización, del 26 de mayo. Esta oferta clave debía dar cumplimiento a la Ley 20/2021, que busca en primer lugar reducir la temporalidad al 8%. En segundo lugar, esta ley, ya de por sí pobre porque no protegía a las personas que llevaban años o décadas precarizadas o en fraude de ley, podía al menos servir para estabilizar a algunas, pero desde luego no en los términos en que la ha interpretado la Junta de Castilla y León. La Oferta Pública Extraordinaria es ínfima y ajena a la realidad. Contempla 1324 plazas, a las que hay que sumar 1103 de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE)…

Una de las funciones básicas de los delegados sindicales es recorrer los Centros de trabajo para estar al día de las problemáticas y reivindicaciones de lxs trabajadorxs. De este modo, en una de nuestras últimas visitas se nos comunicó que en un Colegio Público de la provincia se había planteado el siguiente problema: La ATE del Centro no había podido acudir a su trabajo dándose la circunstancia de que algún alumno había necesitado de su presencia para atender sus condiciones de higiene. Ante tal ausencia y la falta de disponibilidad de los padres del alumno para ir al centro se presentaba un problema de desatención del alumno. La brillante solución planteada por inspección educativa fue que debían de ser los docentes quienes se hiciesen cargo de tal tarea, argumentando que existe en el Código Civil un artículo en el que se recoge “el deber del docente de actuar con la…

Ni nos harán creer, ni nos harán callar. Las Direcciones Provinciales y Consejería no cuentan con el colectivo docente. Las decisiones de la Administración responden curso tras curso a la falta de previsión, la ausencia de inversión y un cierto oportunismo político. Además, venimos observando una molesta tendencia de la Administración a incumplir su propia legislación. Las y los docentes acumulamos agravios y despropósitos que van minando claramente nuestras condiciones laborales y de salud, situación que se ha agravado aún más desde el comienzo de la pandemia, todo ello con la dejadez o aval de los sindicatos mayoritarios.   Desde CGT denunciamos esta situación con la lista que sigue y exigimos un cambio de actitud y una verdadera voluntad de hacer las cosas correctamente.  No hay ninguna negociación seria con las OOSS por parte de las Direcciones Provinciales ni la Consejería.  Aceptamos de manera excepcional teletrabajar en la pandemia a pesar de no estar reguladas estas condiciones de trabajo.…