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Adhesión al comunicado de Mujeres Diversas de Sevilla: contra la criminalización del feminismo
La CGT y diversas Secretarías de la Mujer, entre ellas la del SOV de Salamanca, se adhieren al comunicado de Mujeres Diversas de Sevilla (http://mujeresdiversas.wordpress.com), en respuesta a la criminalización del movimiento de protesta ante la reforma de la ley del aborto.
Una compañera de esta asamblea fue detenida el 4 de febrero. Esta detención y la operación policial y mediática orquestada no tienen otro objetivo que vincular al movimiento feminista con actos de carácter violento. Estamos hartas de estas maniobras para desacreditar toda reivindicación e infundir el miedo en la sociedad. Estamos hartas de que decidan por nosotras. Os animamos a adheriros a este anifiesto y difundirlo, como organización o a título individual. Podéis enviar vuestra adhesión al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Las compañeras compartirán las adhesiones, conforme vayan llegando, en la página web de Mujeres Diversas, donde podéis acceder también al texto del comunicado. En el caso de adhesiones individuales, nos piden que indiquemos nombre, DNI y localidad.
Os recomendamos escuchar la rueda de prensa de las compañeras:
Audio de la rueda de prensa de las compañeras
Más información:
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La futura ley del aborto, el mayor atentado contra la dignidad de las mujeres
La reforma supondrá uno de los más graves atentados contra la libertad de los perpetrados por el gobierno, especialmente contra la de todas las mujeres, expoliadas en su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
La Confeeración General del Trabajo denuncia que la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón elimina el derecho logrado por las mujeres a abortar en la sanidad pública en las primeras 14 semanas y hará, a niveles prácticos, imposible abortar en España. Además en la situación de crisis económica actual, especialmente entre las mujeres, la nueva ley provocará abortos clandestinos, por tanto, se incrementará el riesgo de muertes de mujeres.
CGT considera que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto obedeciendo los dictámenes de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica y aboliendo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo.
La nueva Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, como su nombre indica antepone los derechos del feto a los de la mujer y representa el mayor atentado contra la dignidad de las mujeres, contra su lucha por la igualdad, de los últimos treinta años, al negarles su capacidad de decidir.
La primera novedad que presenta es reforma es ideológica. La interrupción del embarazo deja de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas, como sucedía con la ley anterior de 2010 y vuelve a ser un delito, un delito que se despenaliza en sólo dos supuestos y con mayores restricciones para acogerse a ellos.
Los dos únicos supuestos son: violación (alegable en las primeras 12 semanas) y "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica" de la mujer (alegable en las primeras 22 semanas). Este peligro será dictaminado por especialistas en medicina pero con restricciones mayores que las contempladas en la Ley de Supuestos de 1985 y con un burocratizado proceso.
Por el contrario, la presencia de malformaciones fetales gravísimas o enfermedades del feto no serán motivo legal de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada. ¿Quién dictaminará este efecto psicológico? Este supuesto de efecto psicológico se podrá alegar pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo que el actual.
Para acreditar el grave efecto psicológico sobre la mujer, se precisará un informe de dos médicos (antes era uno) y ajenos a la clínica en la que tendría lugar el aborto, no pudiendo ser quienes vayan a practicarlo (como en la ley actual) ni trabajen en el mismo centro hospitalario (esta es la novedad).
Se amplía el plazo de reflexión de tres a siete días para que la mujer sea informada sobre el aborto y sus consecuencias y decida abortar.
Se vuelve a que las menores de edad con 16-17 años precisen el permiso de su familia para poder abortar. En caso de discrepancia será un juzgado, en un plazo de 15 días, quien determine a quién da la razón.
Si antes el derecho a la objeción de conciencia era sólo para el o la médico que iba a practicar el aborto, con esta reforma, la objeción de conciencia se generaliza y amplia a todas y todos los posibles profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea preciso para realizar un aborto, como el personal administrativo, celador, auxiliar, personal de quirófano.
El aborto fuera de los supuestos legales, es un delito pero a quien se castiga será al profesional médico y no a la mujer (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora) ya que Gallardón considera a la mujer como menor de edad, considera a la mujer como una víctima del aborto.
Finalmente, esta concepción de la ley del aborto, hace innecesarias y acaba con todas las medidas y políticas sociales como la educación sexual y afectiva, el fomento del acceso a los métodos anticonceptivos, los programas de planificación familiar, de formación para la juventud.
Sin respeto a los derechos de la mujer, se genera una violencia institucional que se generaliza entre toda la sociedad y desplaza a la mujer a una situación de inferioridad, sumisión y desigualdad que perpetuarán el patriarcado y la violencia machista.
CGT seguira LUCHANDO CODO CON CODO CON PLATAFORMAS FEMINISTAS, MOVIMIENTOS, COLECTIVOS, ASAMBLEAS... DE MUJERES...
PARA QUE EL ATENTADO REACCIONARIO QUE SUPONE ESTA REFORMA
NO LLEGUE A PERPETRARSE
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
CGT denuncia: La futura ley del aborto es un atentado contra todas las mujeres
La Confederación General del Trabajo denuncia que la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón elimina el derecho logrado por las mujeres a abortar en la sanidad pública en las primeras 14 semanas y hará, a niveles prácticos, imposible abortar en España. Además en la situación de crisis económica actual, especialmente entre las mujeres, la nueva ley provocará abortos clandestinos, por tanto, se incrementará el riesgo de muertes de mujeres.
CGT considera que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto obedeciendo los dictámenes de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica y aboliendo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo.
La nueva Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, como su nombre indica antepone los derechos del feto a los de la mujer y representa el mayor atentado contra la dignidad de las mujeres, contra su lucha por la igualdad, de los últimos treinta años, al negarles su capacidad de decidir.
La primera novedad que presenta es reforma es ideológica. La interrupción del embarazo deja de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas, como sucedía con la ley anterior de 2010 y vuelve a ser un delito, un delito que se despenaliza en sólo dos supuestos y con mayores restricciones para acogerse a ellos.
Los dos únicos supuestos son: violación (alegable en las primeras 12 semanas) y "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica" de la mujer (alegable en las primeras 22 semanas). Este peligro será dictaminado por especialistas en medicina pero con restricciones mayores que las contempladas en la Ley de Supuestos de 1985 y con un burocratizado proceso.
Por el contrario, la presencia de malformaciones fetales gravísimas o enfermedades del feto no serán motivo legal de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada. ¿Quién dictaminará este efecto psicológico? Este supuesto de efecto psicológico se podrá alegar pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo que el actual.
Para acreditar el grave efecto psicológico sobre la mujer, se precisará un informe de dos médicos (antes era uno) y ajenos a la clínica en la que tendría lugar el aborto, no pudiendo ser quienes vayan a practicarlo (como en la ley actual) ni trabajen en el mismo centro hospitalario (esta es la novedad).
Se amplía el plazo de reflexión de tres a siete días para que la mujer sea informada sobre el aborto y sus consecuencias y decida abortar.
Se vuelve a que las menores de edad con 16-17 años precisen el permiso de su familia para poder abortar. En caso de discrepancia será un juzgado, en un plazo de 15 días, quien determine a quién da la razón.
Si antes el derecho a la objeción de conciencia era sólo para el o la médico que iba a practicar el aborto, con esta reforma, la objeción de conciencia se generaliza y amplia a todas y todos los posibles profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea preciso para realizar un aborto, como el personal administrativo, celador, auxiliar, personal de quirófano.
El aborto fuera de los supuestos legales, es un delito pero a quien se castiga será al profesional médico y no a la mujer (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora) ya que Gallardón considera a la mujer como menor de edad, considera a la mujer como una víctima del aborto. Finalmente, esta concepción de la ley del aborto acaba con todas las medidas y políticas sociales relacionadas, como la educación sexual y afectiva, el fomento del acceso a los métodos anticonceptivos, los programas de planificación familiar, de formación para la juventud.
Sin respeto a los derechos de la mujer, se genera una violencia institucional que se generaliza entre toda la sociedad y desplaza a la mujer a una situación de inferioridad, sumisión y desigualdad que perpetuarán el patriarcado y la violencia machista. CGT seguirá luchando codo con codo con plataformas feministas, movimientos, colectivos, asambleas de mujeres... para que este atentado reaccionario que supone esta reforma no llegue a perpetrarse.
SI TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TOD@S
