Los Servicios Públicos y el futuro incierto.

Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios, patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría.

 Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas, esenciales para la vida: la salud,  la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, la comunicación y en parte los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones.

¿Por qué el transporte, la sanidad, la educación, los cuidados de los otros y otras, la cultura, el agua, el gas, la electricidad, el espacio, el suelo, son Públicos?

• Porque las personas tenemos necesidades desde que nacemos: de ser cuidadas en la infancia, cuando sufrimos dependencia; de educarnos y adquirir conocimientos para pensar y actuar como personas con autonomía, de que nuestra salud sea buena y adecuada, de poder disponer y utilizar los medios esenciales para la vida: alimentos, energía, agua, viviendas, de tener transportes para relacionarnos con las y los demás, trasladarnos a los trabajos, de tener pensiones adecuadas y suficientes cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio, de tener prestaciones sociales suficientes en los casos de desempleo, invalidez…

Esta es la LÓGICA DE LO PÚBLICO: Su objetivo es la satisfacción de necesidades sociales y éstas son universales, nos afectan a todas y a todos a lo largo de nuestra vida.  No son económicos.

• Se busca la protección social en situaciones de necesidad: y se redistribuye la riqueza que entre todas las personas creamos, para que todas las personas tengan acceso a derechos esenciales para una vida digna, de manera igualitaria.

• No existe un interés privado, particular, sino colectivo porque todas las personas tenemos las mismas necesidades y, nadie debe lucrarse o apropiarse de manera egoísta de lo que es de toda la ciudadanía.

• Las prestaciones públicas son cubiertas con los recursos que producimos entre todas las personas a través de nuestros contratos de trabajo, de los impuestos, de las rentas. Todas tenemos que contribuir, quien más gana más aporta. La sociedad ejercita la solidaridad.

• La gestión de estos servicios públicos no se rige por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir necesidades sociales.

¿Por qué la clase política quieren privatizar nuestras necesidades sociales y buscar el lucro y el beneficio privado de unas y unos cuantos (empresariado, financieras, aseguradoras), cuando su obligación política es defender el interés general?

• La LÓGICA DE LO PRIVADO sólo busca un interés económico particular sin importarles las necesidades de la mayoría de la sociedad.

• Se busca la rentabilidad, el negocio para los y las accionistas y las y los gestores con las reglas de la competitividad y la productividad, sin importar las consecuencias sobre las necesidades sociales.

• Los elementos que se valoran son exclusivamente económicos y las decisiones se desligan de las personas.

Las personas tenemos que recibir estos servicios, como derechos de la ciudadanía. Ahora pretenden convertirlos en mercancías que habría que comprar y en donde las personas de bajos recursos (la mayoría) no tendremos acceso a ellos.

 La apropiación general de los espacios públicos, del territorio y del medio.

La privatización se ejerce en las calles y en los últimos espacios verdes de la ciudad: los centros comerciales se apropian de zonas de espacio público y se constituyen en áreas  privadas, para que la ciudadanía ejerza su única libertad, la de comprar y consumir.

Las megas estructuras urbanas (autovías, túneles, aparcamientos), los megaproyectos residenciales, las torres comerciales, la recuperación de la zonas céntricas por el capital privado para la especulación urbanística, han contribuido a la fragmentación social, a la exclusión del patrimonio colectivo, a la imposición de una nueva cultura. La ciudad se estructura desde la competitividad.

El crecimiento del automóvil en detrimento del transporte por ferrocarril, como factor decisorio en el diseño de la vialidad con el descuido del transporte público y social, del uso peatonal del espacio urbano. Fragmentan la ciudad, aíslan el entorno urbano, haciendo más difícil la vida cotidiana de las y los habitantes, en particular de las y los que viven del sector informal de la economía, ayudando así a la ampliación de la brecha entre personas ricas y pobres, en la ciudad y en el campo.

Las ciudades se fragmentan, entre las y los usuarios y no, las y los consumidores y no, personas integradas y excluidas. Los barrios se han disuelto, no hay más identidad barrial, se han distanciado los unos de los otros, no hay solidaridad y el uso del espacio urbano se hace más impersonal, individual, como si la ciudad no fuera de todas y todos.

La vivienda sólo para quien pueda pagarla y desgajada de la vida diaria de las personas, cada vez más alejadas de sus trabajos, de sus actividades sociales.

La filosofía de poner recursos públicos en manos privadas, la encontramos en elmercado del Agua y de la Energía, basado en transacciones entre particulares. Se desatienden aquellos aspectos de la gestión del dominio público hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la mejora ambiental de márgenes y riberas, etc., aspectos esenciales de contenido ambiental.

Se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla, educación quien pueda pagarla, buena salud, pensión suficiente, vivienda, etc… quien pueda pagarlas.

Las actuales políticas niegan nuestros derechos sociales, convirtiéndoles en retórica. La erradicación de la exclusión social, la pobreza… han sido trasladadas al “mercado libre”, transformando su naturaleza: de necesidades sociales las cuales hay que cubrir universal y suficientemente, hemos pasado a servicios, y quien los usa debe tener capacidad económica para sufragarlos.

La  vida entendida de forma colectiva es una cuestión de solidaridad entre grupos sociales, territorios y generaciones. Quien no entiende la solidaridad bajo estos parámetros, confunde intencionadamente, el bienestar social de todas y todos, con el bienestar privado que cada cual pueda pagarse.

CGT por la defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales suficientes para todas y todos.

 Díptico por la defensa de los Servicios Públicos

 8 de marzo: día internacional de la mujer trabajadora

"ni precaria, ni sumisa, ni devota, ni invisible"

Todos los días, y de manera especial el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el contexto actual que estamos viviendo de constante pérdida de derechos y libertades, las personas que conformamos la CGT, luchamos contra todas las discriminaciones y por conseguir la igualdad y lo hacemos junto a todas aquellas otras personas, colectivos, movimientos, asambleas, organizaciones que así lo quieren y sienten.

 Manifiesto 8 de marzo de 2014

25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.

En la Campaña del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, este año denunciamos cómo no sólo no hemos avanzado nada en cuanto a medidas encaminadas a la erradicación de la violencia, sino que esas medidas (dependencia, aborto, derechos laborales, educación, sanidad) se han visto recortadas a través de las leyes que el gobierno va reformando.
Por lo tanto declaramos públicamente que "Todo esto es violencia de estado". Exigimos y gritamos ¡BASTA YA!:

Basta ya
De retrocesos, de malversación, de engaños, de estafa y de "crisis"
Sin igualdad
Sin ley de dependencia
Sin conciliación
Sin derecho a un aborto libre
Sin derecho a la vivienda
Sin control sobre la violencia de género
Sin futuro para nuestras pensiones
Sin presente para nuestras jubilaciones
Sin paro honorable
Sin trabajo...
Basta ya de violencia de estado

Los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2013 la CGT organiza en Arbejal (Palencia) el V Encuentro de Acción Social de CGT Castilla y León-Cantabria.

En el que se realizarán los siguientes talleres:

• • "Sororidad"
  • "Lenguaje no sexista"
  • "Redes sociales y Ciberactivismo"
  • "Experiencias de Autogestión"

Se debatirá sobre las politicas que intentan expoliar los bienes comunales de nuestros pueblos.

Finalizando con la elaboración de un plan de trabajo para la acción social en Castilla y León–Cantabria que pueda hacer frente a los constantes recortes de servicios sociales y a la situción de precariedad que estamos viviendo en nuestro territorio.

Las gentes de Baladre "Coordinación de luchas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social" celebran 30 años con una Caravana-Marcha.

¡Para todas, todo! es lema que acompaña esta marcha caravana por parte de la geografía del estado español. La coordinación Baladre, lleva más de 30 años abordando temas de exclusión social, empobrecimiento y precariedad. Para celebrar esta continuidad en luchas y resistencias, lo hace como mejor sabe, visualizando todo el dolor provocado por el capitalismo y el patriarcado. Porque sabemos que solas a ningún lado, juntas a algún sitio, les acompañaremos.

En Salamanca, la marcha partirá del Barrio Buenos Aires a las 10:00 horas hasta el Puente Romano (11:00 horas) y desde allí hasta la Plaza de los Bandos (12:00 horas) donde se realizará un acto reivindicativo.

Desde las 16:30 hasta las 18:30 se realizará un debate abierto en ASDECOBA (Barrio Buenos Aires) sobre la realidad de los barrios. (Se adjunta documento)

A partir de esa hora la marcha partirá hacia Monleras.

APOYA, DIFUNDE, PARTICIPA

Documento para el debate sobre la realidad de los barrios.

CGT ha convocado manifestación el día 29 de Junio

Los motivos de la manifestación son los siguientes:

· La defensa de los empleos ferroviarios

1. Los ERE's anunciados en RENFE y ADIF

2. Los recortes en Cremonini

3. El futuro de los trabajadores de Contratas Ferroviarias, Servicios Auxiliares, Comfersa, etc...

4. Las habilitaciones para el personal de la extinta FEVE

· La inminente liberalización del ferrocarril. El día 31 de Julio es la fecha marcada para la liberalización del transporte de viajeros, aunque ya está desde hace tiempo en marcha la de las Mercancías.

· Las supresiones de trenes de media distancia a partir de la declaración de las OSP (Obligación de Servicio Público) recientemente aprobadas y puestas ya en marcha.

· El cierre de líneas anunciadas, cuya dimensión es una incógnita hasta el 23 de Agosto.

· La Fragmentación de ADIF en dos empresas diferentes y RENFE en otras cuatro, a lo largo de este año.

Este domingo la prensa escrita ha reflejado de forma muy clara qué futuro nos están preparando a l@s ferroviari@s desde las Direcciones de las empresas y Ministerio de Fomento.

· Privatización del transporte ferroviario de Viajeros en toda su extensión.

· División de las empresas de RENFE-Operadora en cuatro y ADIF en dos.

· Despidos en el Sector Ferroviario.

A finales del mes de junio los Consejos de Administración de RENFE-Operadora y ADIF, aprueban la división de las empresas, haciendo su división contable y reparto de activos y pasivos, para poder elevarlo a escritura pública.

A las demás organizaciones quizá les faltan motivos para movilizarse, a CGT ya nos sobran, y por eso estamos dispuestos a actuar desde Ya. El 29 de Junio nos manifestaremos, y en julio y agosto convocaremos HUELGAS EN TODO EL SECTOR FERROVIARIO.

¡LA ÚNICA SOLUCIÓN ES LA MOVILIZACIÓN!
¡PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓN DEL 29 DE JUNIO!

La CGT ante el informe de los expertos para reformar el Sistema Público de Pensiones

Para la CGT, estos expertos, no actúan científicamente sino que mienten a la población en beneficio de las grandes empresas, que son quienes les pagan, para eliminar el derecho a una pensión pública e incentivar los planes privados de pensiones.

Tras su presentación a la opinión pública, el informe elaborado por 12 expertos sobre el Sistema Público de Pensiones se le presenta al grupo de trabajo del "Pacto de Toledo" y posteriormente será debatido en el Parlamento. El objetivo esencial del Informe de los 12 Expertos es adoctrinar a la población sobre la necesidad de reformar el sistema público de pensiones, por insostenible, y que la pensión pública deje de ser un derecho, reduciendo su cuantía y el número de personas que podrán acceder a la misma. Para la CGT, estamos ante un informe de 12 expertos miserables por, al menos, 12 mentiras conscientes:

Primera: Su ciencia no es ciencia, sino pura ideología estafadora. En 1995, estos mismos expertos pagados por BBVA y La CAIXA, ya vaticinaban, en otro informe, el desastre del sistema público de pensiones para 2010, al ser insostenible. La realidad ha demostrado que su informe no era científico sino manipulado por "pura ideología neoliberal", para causar alarma social y que se produjera el robo de las pensiones públicas por aseguradoras y bancos. Ahora pretenden lo mismo.

Segunda: No es verdad que el gasto social en Pensiones en el estado español sea mayor que en otros países de la UE. Nuestro porcentaje dedicado a pensiones sobre el PIB, es decir, sobre la riqueza que todos/as creamos en un año, es menor en 4,6 puntos al de Francia; en 5,2 a Italia; en 3,5 a Grecia; en 2,4 a Portugal y en 0,8 puntos al de Alemania.

Tercera: Nos quieren hacer creer que hay pocos ingresos en la Seguridad Social. Los ingresos por cotizaciones sociales han disminuido debido a las 17 maneras de que gozan los empresarios para desgravar, reducir o simplemente no cotizar sus cuotas patronales. La bajada de las cotizaciones patronales vienen siendo progresiva desde la primera gran reforma de la Seguridad Social en 1985.

Cuarta: No proponen que los ingresos por cotizaciones se incrementarían en millones de euros si:

- Se destoparan los salarios altos, a partir de 36.000 euros, y se cotizara por todo lo ingresado

- Se eliminaran las desgravaciones y reducciones fiscales en los planes de pensiones privados.

- Se creara empleo para todas las personas, en lugar de despedir y cerrar empresas.

Quinta: Argumentan que hay pocas personas trabajando y cotizando. Si en los últimos 6 años, se han perdido 3,3 millones de cotizaciones directas es porque los empresarios han decidido no "dar empleo" y porque el gobierno les ha facilitado con la Reforma Laboral el despido libre y muy barato. A pesar de todo, se sigue produciendo más cantidad de riqueza en términos de PIB a pesar de que hay 4 millones menos de trabajadores/as.

Sexta: Amenazan con que hay más esperanza de vida. Olvidan que eso tiene mucho que ver con que la mortalidad infantil es drásticamente menor, al gozar ahora de mejor salud e higiene y para nada tiene que ver con ser "unos voraces consumidores de recursos públicos".

Séptima: Mienten cuando dicen que las pensiones medias aumentan. En los últimos años, el 51,58% (casi 5 millones de pensiones) se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (630,45 euros). El aumento medio de las pensiones se debe a que la pensión media a enero 2013 ascendía a 849,60 euros porque las pensiones de más de 1.500 euros hasta la máxima pensión de 2.548,11 euros, que representan el 12,5% de todas las pensiones, es decir, 1.123.294 pensiones, distorsionan estadísticamente la realidad de la totalidad de las pensiones que ascienden a 9.037.597.

Octava: Lo del envejecimiento de la población, resulta el argumento más abominable desde cualquier óptica humana racional. Se nos quiere obligar a jubilarnos a los 67 años o 70 y, a la vez, tenemos 6 de cada 7 jóvenes de 16 años a los 25 años, parados y paradas por decreto de los mercados –público y privado-, y sus mercaderes. Sólo con aplicar la rotación (sustitución) de un trabajador/a joven por un trabajador/a a partir de los 60 años, de aquí a 2027, se generarían millones de cotizaciones, se dignificaría la vida de las personas en su tiempo liberado de los trabajos obligatorios y, a la vez, se abriría la posibilidad de futuro para millones de personas jóvenes.

Novena: El hacer depender las pensiones presentes y futuras del déficit (ingresos – gastos), es la última mayor estafa que, estos miserables "expertos", políticos, empresarios y financieros, quieren realizar por varias razones "lógicas":

- Al sistema financiero – inmobiliario, se le inyectado directamente de 41.000 millones de euros e indirectamente se le ha venido avalando (deuda del estado) hasta más de 300.000 millones de euros.

- El sistema impositivo a empresarios y al capital, les permite un fraude de al menos 70.000 millones de euros actuales a través o por medio de desgravaciones, deducciones, reducciones, e incluso, eliminaciones de impuestos, en toda la cadena impositiva del Impuesto de Sociedades, las SICAV, el Impuesto de Patrimonio, el impuesto obre depósitos, fondos de inversión, etc.

Décima: Ignoran que la riqueza que creamos entre todos y todas, es decir, la mayoría social asalariada, se reparte cada vez más de manera muy desigual. Cada vez hay más injusticia social, las rentas altas (una exigua minoría), ha sextuplicado sus ingresos a costa del robo por desposesión de las rentas salariales de la inmensa mayoría y, por el contrario, sus contribuciones (impuestos) al sostenimiento de lo común, ha disminuido en los últimos 6 años, es decir, los ricos/poderosos son cada vez más ricos y poderosos a costa de lo común.

Undécima: Niegan el derecho a la pensión y que siempre debe haber dinero (generamos riqueza y recursos suficientes), para abonar unas pensiones dignas. Para ello, solo tienen que cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente (CE), pues estamos en un estado social y de derecho que obliga a pensiones suficientes y dignas para todos y todas.

Duodécima: El secuestro y toma de rehenes (en este caso de 8,3 millones pensionistas), es un delito y si es masivo, como en este caso, es pura y simplemente "terrorismo ideológico y material". Esto es lo que han hecho los "expertos" miserables que han tomado de rehenes a quienes no pueden defenderse desde los asilos, desde los hogares donde son el soporte de la vida de sus hijos y nietos parados/as y desahuciados/as, desde las residencias o desde los "hogares de caridad"....

Las pensiones son un derecho que la CGT va a defender en la calle

El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), organismo autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, se encuentra en situación de quiebra debido a la política de abandono y desidia del Gobierno en todo lo relativo al modelo público de protección social.

Hagamos un breve repaso a los antecedentes que han producido esta situación:

§ La reforma laboral del 2010, aprobada por el PSOE, constituye un "Fondo público de cobertura de indemnización por despido" estableciendo que corresponde al FOGASA abonar una indemnización de 8 días por año trabajado en casi todos los casos de despido, incluyendo empresas solventes o que no están en concurso, es decir, se subvenciona con dinero público el despido en la empresa privada.

§ La reforma laboral del 2012, aprobada por el PP, con su apartado de "Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo" produce un aumento de ERES en el Estado superior al 70% (Extremadura:182%, Murcia:159%, Euskadi:126%), vulnera la negociación colectiva lo que provoca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que haya más de 3.000 convenios colectivos pendientes de firma (afectando a 4 millones de trabajadores). Además introduce la posibilidad de despido en el sector público, curiosamente en el que más empleo se destruye durante el último trimestre de 2012.

Con semejante panorama el FOGASA se encuentra con más de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de €. Su plantilla constituida por unas 400 personas ve incrementada su actividad un 500%, mientras se amortizan jubilaciones o no se cubren bajas por enfermedad. Sus letrados (cerca de 130) sólo llegan a cubrir un 30% de los procesos judiciales lo que provoca el pago de prestaciones indebidas, como declara un funcionario "en los procesos concursales hay que estar vigilantes, los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan abasto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden". Por la otra parte, los trabajadores afectados sufren demoras de hasta 18 meses en el pago de sus indemnizaciones, en muchos casos se encuentran en situación de precariedad (carentes de ingresos o pendientes de embargos o desahucios) Un funcionariado desbordado intenta agilizar todos los trámites, pero es imposible.

El Gobierno decide actuar con eficacia y contundencia, concede una dotación al FOGASA de 843 millones de € para el año 2013, consciente de que durante el año 2012 se habían desembolsado 1.530 millones, lo que había supuesto un incremento de un 2% respecto a 2011 y superado el 22% del gasto presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Cuando los sindicatos comunican la situación de colapso al Ministerio de Empleo se les contesta que "no hay presupuesto" (sin duda expresión más amable que el famoso "que se jodan" made in Frabra).

Además "como el Gobierno también tiene la certeza de que el FOGASA no funciona, entre otras cosas, por el exceso de funcionariado", decide impulsar un Plan de viabilidad que contiene dos programas, que se supone comenzarán a funcionar a partir del 15 de septiembre:

§ GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados): Se adjudica de forma "temporal y transitoria" a una empresa privada la resolución de unos 125.000 expedientes. (¿Qué pasa con la ley de protección de datos o con el procedimiento administrativo...?)

§ FONO: Adjudica de forma definitiva la atención telefónica a los beneficiarios del fondo.

El Ministerio de Empleo (en la habitual línea de contradicción gubernamental) asegura que la gestión privada aminorará el fraude en las prestaciones, aunque por otro lado, desmiente que se vaya a privatizar el FOGASA.

Para elaborar un nuevo plan de funcionamiento se contrata a la consultora privada KPMG, la misma elegida para establecer un sistema de supervisión de los desempleados que perciben prestaciones. Para tranquilidad de desempleados decir que KPMG auditó las cuentas de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) desde 1991 sin detectar nunca ninguna irregularidad hasta su intervención por el Banco de España y la imputación de su cúpula directiva por estafa en el 2011. Aún hay más, recientemente ha sido denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid por haber infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y su Código Deontológico, por el conflicto de interés que suponía ser al mismo tiempo: el encargado de decidir qué afectados por las preferentes de Bankia tenían derecho al arbitraje y el defensor de esa entidad ante los tribunales. Entre los trabajadores que tiene o ha tenido la consultora nos encontramos con Elena Pisonero Ruiz, colaboradora de la FAES y antigua Secretaría de Estado de Comercio y Turismo o Román Ceballos, conocido zaplanista y Secretario de Empleo de la Generalitat que fue cesar y fichar como director del Área Laboral. Esta consultora, a raíz del caso Bárcenas, se ha negado a realizar una auditoría externa a las cuentas del PP, claro está que razones no le faltan.

Para CGT/CAT la situación del FOGASA no pasa por privatizar y consideramos prioritario el ingreso de un número suficiente de funcionarios y mayor crédito presupuestario, así como una profunda reestructuración del modelo político, económico y social que entre otros aspectos contemple la autogestión de las empresas por los trabajadores. Asimismo consideramos que esta situación trata de buscar a medio o largo plazo la supresión de las prestaciones públicas por desempleo y la implantación del denominado "modelo austríaco" consistente en un fondo de capitalización individualizado pagado del bolsillo de cada trabajador y que incluiría la cobertura en caso de paro, es decir, como el despido ya es prácticamente libre, ahora se pretende que resulte totalmente gratuito para el empresario y que sea cada trabajador el que pague su propio despido. Desde CGT/CAT no nos resignamos a colocar arrodillados velas ante los "Santos patronos" para descanso de nuestra conciencia (como se recomendaba en el Telediario de TVE) sino que continuamos por el camino para ganar derechos:

DIGNIDAD Y LUCHA!!!

La Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril denuncia...

La cortina de humo de la rentabilidad para tapar la inficiencia de las políticas de transportes.

Nuevo castigo del gobierno a zonas envejecidas y despobladas como la provincia de Salamanca. La población y el Medio Ambiente perjudicados seriamente por el cierre de líneas ferroviarias.

La decisión de cerrar líneas ferroviarias es un paso más en el desmantelamiento del transporte público en España. La rentabilidad es el argumento para suprimir líneas accesibles a la mayoría de la población. Pero esa no se exige a los miles de millones de euros invertidos en líneas de alta velocidad, que no son rentables en la mayor parte de los casos. La Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril lamenta que se cierran líneas y servicios de tren convencional, como el Salamanca-Ávila con paradas en todas las estaciones, socialmente accesible y con menor impacto ambiental; mientras continúa el despilfarro y la ineficiencia con la Alta Velocidad o se socializan pérdidas de autopistas de peaje que nadie necesitaba.

Se extiende el panorama de trenes ultrarrápidos y ultracaros vacíos, de estaciones fantasma en ciudades y pueblos incomunicados. La intención del Ministerio de Fomento de cerrar y reducir la oferta de líneas de tren convencional es continuar la política de transporte iniciada hace dos décadas, que sentencia de muerte al ferrocarril convencional mientras aumentan de manera insostenible las líneas de alta velocidad. El muy cuestionable honor de ser el segundo país del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad se ha logrado a golpe de deuda pública y despilfarro. Sin olvidar la desmesurada red de vías de alta capacidad por autovía, de las mayores del mundo.

En Julio de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley por el que se adoptan una serie de medidas para privatizar el transporte ferroviario nacional de viajeros. Posteriormente en Diciembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó suprimir servicios de tren de media distancia o regionales para abaratar costes del servicio ferroviario. El mal llamado "Plan de Racionalización de Servicios Ferroviarios de Media Distancia Convencional" únicamente plantea recortes, ninguna mejora de frecuencias. Racionalizar sería cambiar trenes de sitio y/o de horario para captar más viajeros, pero lejos de plantearse mejoras de productividad se plantea una reducción del sector ferroviario en oferta, demanda y empleos.

Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los cierres previstos. La única forma de desplazamiento será por carretera, lo que dificultará la vida de aquellas personas residentes en el medio rural que no dispongan de automóvil o no puedan conducirlo, por edad o estado físico. La sustitución de trenes por autobuses supondrá un deterioro del servicio de transporte para los sectores más vulnerables, y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio ferroviario convencional. Sin olvidar que en el caso del servicio entre Salamanca y Ávila se perjudicará a los viajeros de dos trenes de la relación Salamanca a Madrid, al aumentar la duración del viaje (ya de por si demasiado largo), al hacerse cargo de las paradas suprimidas.

Se emplea el argumento de cerrar los servicios de tren convencional que no son eficientes desde el punto de vista medioambiental, económico y social, cuando es la política de transporte la que ha provocado esa ineficiencia. En las últimas décadas se han invertido cantidades multimillonarias en construcción y mejoras de nuevas infraestructuras de alta velocidad, mientras el ferrocarril convencional ha quedado, por el contrario, desatendido. Por ello, las líneas de tren de media distancia están cada vez más obsoletas y funcionan peor.

Una política de transporte que no solo es injusta en términos sociales (priorizando la vertebración entre grandes ciudades y marginando las pequeñas poblaciones rurales) y económicos (el AVE es inaccesible económicamente para una gran parte de la sociedad), sino que también ha incidido en los problemas ambientales que causa el transporte: construcción de infraestructuras, consumo energético y emisiones de CO2.

Las ineficiencias económicas registradas en algunas líneas ferroviarias que se cierran son fruto de una obsolescencia programada, no de la falta de demanda potencial. Mientras España sólo planificaba grandes infraestructuras de alta velocidad, los países con mayor demanda actual de ferrocarriles se centraban en planes de servicio de todo tipo de trenes, con frecuencias competitivas, intermodalidad e inversiones más puntuales y efectivas sobre todo en la red ferroviaria convencional. Suiza o Alemania serían ejemplos interesantes que seguir.

Si se hubiera apostado por un modelo económico más racional, equilibrado entre los territorios y respetuoso con el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos, apostando por el tren convencional, la deuda pública sería hoy varias veces inferior, la factura en consumo energético sería mucho más pequeña (el transporte es el mayor consumidor de energía primaria en España), las emisiones de gases de efecto invernadero serían menores, nuestro territorio estaría menos fragmentado y nuestros hábitats naturales menos deteriorados.

Cada año, el transporte de pasajeros y mercancías en España genera unos costes sociales y ambientales de 60.000 millones de Euros, en concepto de contaminación local, cambio climático, accidentes y ruido, una cifra equivalente a cerca del 7% del PIB español. España importa cada año carburantes por valor de 45.000 millones de euros, afectando a la balanza de pagos exterior. La mayor parte de los accidentes laborales también se produce en el acceso al trabajo ("in itinere") afectando a la productividad laboral. Todos los estudios sobre movilidad y empleo concluyen que el transporte público y la movilidad sostenible generan entre 1,5 y 2,5 más empleo por viajero-kilómetro que la automoción.

Resulta alarmante que los numerosos ejemplos de ineficiencia y despilfarro no lleven a rectificar y apostar por una nueva política de infraestructuras que abandone la construcción de nuevas líneas de AVE, obligue a que el transporte por carretera asuma los costes reales por el uso y mantenimiento de la carretera y apueste por el tren convencional como el modo de canalizar los desplazamientos interurbanos.

Para ahorrar el equivalente a 7 kilómetros nuevos de Alta Velocidad (unos 80 millones de Euros) se deja sin servicio a 1.650.000 viajeros anuales. Sólo los 3.000 millones de Euros que supondrá rescatar las autopistas ruinosas permitirían afrontar los costes del ferrocarril que ahora se eliminan durante no menos de 37 años. Y ello teniendo en cuenta que los costes medios del ferrocarril en España son de los más reducidos de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Según este realizado en 2013 con datos de 2008, Renfe y Adif disfrutaban de unas subvenciones estatales muy por debajo de la media europea. España conseguía la mayor producción de trenes-kilómetro por trabajador, 5.470 kilómetros frente a los 2.940 de la media; una oferta ferroviaria un 66% menos subvencionada que la media, con 5,75 Euros por tren-kilómetro frente a los 16,74; y una reducida subvención por viajero-kilómetro, también un 66% inferior a la media, con 5 céntimos frente a 14. Y no olvidemos que más cerca, el aeropuerto de Matacán acumula más de 60 millones de Euros públicos en pérdidas e inversiones innecesarias en los últimos años.