La CGT ante el informe de los expertos para reformar el Sistema Público de Pensiones

Para la CGT, estos expertos, no actúan científicamente sino que mienten a la población en beneficio de las grandes empresas, que son quienes les pagan, para eliminar el derecho a una pensión pública e incentivar los planes privados de pensiones.

Tras su presentación a la opinión pública, el informe elaborado por 12 expertos sobre el Sistema Público de Pensiones se le presenta al grupo de trabajo del "Pacto de Toledo" y posteriormente será debatido en el Parlamento. El objetivo esencial del Informe de los 12 Expertos es adoctrinar a la población sobre la necesidad de reformar el sistema público de pensiones, por insostenible, y que la pensión pública deje de ser un derecho, reduciendo su cuantía y el número de personas que podrán acceder a la misma. Para la CGT, estamos ante un informe de 12 expertos miserables por, al menos, 12 mentiras conscientes:

Primera: Su ciencia no es ciencia, sino pura ideología estafadora. En 1995, estos mismos expertos pagados por BBVA y La CAIXA, ya vaticinaban, en otro informe, el desastre del sistema público de pensiones para 2010, al ser insostenible. La realidad ha demostrado que su informe no era científico sino manipulado por "pura ideología neoliberal", para causar alarma social y que se produjera el robo de las pensiones públicas por aseguradoras y bancos. Ahora pretenden lo mismo.

Segunda: No es verdad que el gasto social en Pensiones en el estado español sea mayor que en otros países de la UE. Nuestro porcentaje dedicado a pensiones sobre el PIB, es decir, sobre la riqueza que todos/as creamos en un año, es menor en 4,6 puntos al de Francia; en 5,2 a Italia; en 3,5 a Grecia; en 2,4 a Portugal y en 0,8 puntos al de Alemania.

Tercera: Nos quieren hacer creer que hay pocos ingresos en la Seguridad Social. Los ingresos por cotizaciones sociales han disminuido debido a las 17 maneras de que gozan los empresarios para desgravar, reducir o simplemente no cotizar sus cuotas patronales. La bajada de las cotizaciones patronales vienen siendo progresiva desde la primera gran reforma de la Seguridad Social en 1985.

Cuarta: No proponen que los ingresos por cotizaciones se incrementarían en millones de euros si:

- Se destoparan los salarios altos, a partir de 36.000 euros, y se cotizara por todo lo ingresado

- Se eliminaran las desgravaciones y reducciones fiscales en los planes de pensiones privados.

- Se creara empleo para todas las personas, en lugar de despedir y cerrar empresas.

Quinta: Argumentan que hay pocas personas trabajando y cotizando. Si en los últimos 6 años, se han perdido 3,3 millones de cotizaciones directas es porque los empresarios han decidido no "dar empleo" y porque el gobierno les ha facilitado con la Reforma Laboral el despido libre y muy barato. A pesar de todo, se sigue produciendo más cantidad de riqueza en términos de PIB a pesar de que hay 4 millones menos de trabajadores/as.

Sexta: Amenazan con que hay más esperanza de vida. Olvidan que eso tiene mucho que ver con que la mortalidad infantil es drásticamente menor, al gozar ahora de mejor salud e higiene y para nada tiene que ver con ser "unos voraces consumidores de recursos públicos".

Séptima: Mienten cuando dicen que las pensiones medias aumentan. En los últimos años, el 51,58% (casi 5 millones de pensiones) se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (630,45 euros). El aumento medio de las pensiones se debe a que la pensión media a enero 2013 ascendía a 849,60 euros porque las pensiones de más de 1.500 euros hasta la máxima pensión de 2.548,11 euros, que representan el 12,5% de todas las pensiones, es decir, 1.123.294 pensiones, distorsionan estadísticamente la realidad de la totalidad de las pensiones que ascienden a 9.037.597.

Octava: Lo del envejecimiento de la población, resulta el argumento más abominable desde cualquier óptica humana racional. Se nos quiere obligar a jubilarnos a los 67 años o 70 y, a la vez, tenemos 6 de cada 7 jóvenes de 16 años a los 25 años, parados y paradas por decreto de los mercados –público y privado-, y sus mercaderes. Sólo con aplicar la rotación (sustitución) de un trabajador/a joven por un trabajador/a a partir de los 60 años, de aquí a 2027, se generarían millones de cotizaciones, se dignificaría la vida de las personas en su tiempo liberado de los trabajos obligatorios y, a la vez, se abriría la posibilidad de futuro para millones de personas jóvenes.

Novena: El hacer depender las pensiones presentes y futuras del déficit (ingresos – gastos), es la última mayor estafa que, estos miserables "expertos", políticos, empresarios y financieros, quieren realizar por varias razones "lógicas":

- Al sistema financiero – inmobiliario, se le inyectado directamente de 41.000 millones de euros e indirectamente se le ha venido avalando (deuda del estado) hasta más de 300.000 millones de euros.

- El sistema impositivo a empresarios y al capital, les permite un fraude de al menos 70.000 millones de euros actuales a través o por medio de desgravaciones, deducciones, reducciones, e incluso, eliminaciones de impuestos, en toda la cadena impositiva del Impuesto de Sociedades, las SICAV, el Impuesto de Patrimonio, el impuesto obre depósitos, fondos de inversión, etc.

Décima: Ignoran que la riqueza que creamos entre todos y todas, es decir, la mayoría social asalariada, se reparte cada vez más de manera muy desigual. Cada vez hay más injusticia social, las rentas altas (una exigua minoría), ha sextuplicado sus ingresos a costa del robo por desposesión de las rentas salariales de la inmensa mayoría y, por el contrario, sus contribuciones (impuestos) al sostenimiento de lo común, ha disminuido en los últimos 6 años, es decir, los ricos/poderosos son cada vez más ricos y poderosos a costa de lo común.

Undécima: Niegan el derecho a la pensión y que siempre debe haber dinero (generamos riqueza y recursos suficientes), para abonar unas pensiones dignas. Para ello, solo tienen que cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente (CE), pues estamos en un estado social y de derecho que obliga a pensiones suficientes y dignas para todos y todas.

Duodécima: El secuestro y toma de rehenes (en este caso de 8,3 millones pensionistas), es un delito y si es masivo, como en este caso, es pura y simplemente "terrorismo ideológico y material". Esto es lo que han hecho los "expertos" miserables que han tomado de rehenes a quienes no pueden defenderse desde los asilos, desde los hogares donde son el soporte de la vida de sus hijos y nietos parados/as y desahuciados/as, desde las residencias o desde los "hogares de caridad"....

Las pensiones son un derecho que la CGT va a defender en la calle

Presentación en Salamanca del proyecto "Enséñame pero bonito", un documental sobre escuelas alternativas y una herramienta de difusión y debate pedagógico.

Junto con el Colectivo Wayra organizamos una presentación esta vez en Salamanca será el próximo martes 25 a las 19:00 en la sede de la CGT ubicada en la calle Pérez Oliva nº 2.

Entrada gratuita, buen ambiente y alguna sorpresa...

"Un individuo, que sólo domina habilidades técnicas y carece de la humanidad suficiente para saber situarse en la historia, como para apreciar la creación artística, como para reflexionar sobre su vida personal y social, como para asumirla desde dentro con coraje es, por decirlo como Ortega, ese "hombre masa" totalmente incapaz de diseñar proyectos de futuro y que siempre corre el riesgo de dejarse domesticar por cualquiera que le someta con una ideología" Adela Cortina, 1994

Más información de Enséñame pero bonito en

http://goteo.org/project/ensename-pero-bonito

enseñameperobonito.es/

El ferrocarril atraviesa uno de sus momentos más dramáticos, amenazado por la fragmentación y la privatización, por la eliminación de numerosos servicios de viajeros con alto contenido social y por el cierre de líneas en los territorios más desfavorecidos.

Ahora, más que nunca, es necesario defender, todos juntos, un ferrocarril que hemos construido entre todos, que debe pertenecer a la sociedad y que debe estar al servicio de nuestros intereses
El Gobierno ha anunciado su intención de desmantelar y privatizar RENFE Y ADIF, copiando el fracasado y ruinoso modelo de la privatización de los ferrocarriles británicos.

Un modelo que no ha sido imitado por ningún otro gobierno de la UE porque supuso: degradación del servicio, encarecimiento de las tarifas, incremento en los costes públicos y, sobre todo, una pérdida alarmante de la seguridad.

El gobierno pretende trocear RENFE y ADIF, liberalizar el transporte de viajeros, privatizar el Mantenimiento del material y de la infraestructura, las Mercancías, el AVE, la Larga Distancia, el Canal de Venta, los Servicios Logísticos, crear franquicias en Cercanías y Media Distancia, además de reducir servicios de las empresas auxiliares como Cremonini, Comfersa, Ferroser, Eulen, Atendo, etc. El Ministerio de Fomento ha limitado la consideración de servicio público, lo que supone, a partir de junio de 2013:

*· De un total de 3374 trenes semanales de Media Distancia, se suprimen 779 · Que en 172 estaciones no parará ningún tren · En 163 estaciones habrá una única parada por sentido · Los viajeros afectados se estiman en 1 MILLÓN *

El supuesto ahorro se limitaría a 50 millones de €, equivalente a lo que cuesta construir 10 Km. de autovía o 2 Km. de AVE.

Se está cercenando a la ciudadanía el derecho a la libre movilidad en un medio de transporte seguro y con gran potencial de futuro como es el ferrocarril.

Pretenden además alquilar a las empresas privadas los trenes que hemos costeado entre tod@s, para que puedan quedarse con el ferrocarril público sin asumir ni constes ni riesgos. Les pagaremos por quedarse con lo que es nuestro.

No podemos consentir que desmantelen el ferrocarril público, por lo que hacemos un llamamiento a los usuari@s y a la población en general para defender, frente al pillaje de la privatización, lo que es y debe seguir siendo de tod@s y para tod@s.

Firma tu petición en :

Más información en:
http://www.ferrocarrilpublicoysocial.es

El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), organismo autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, se encuentra en situación de quiebra debido a la política de abandono y desidia del Gobierno en todo lo relativo al modelo público de protección social.

Hagamos un breve repaso a los antecedentes que han producido esta situación:

§ La reforma laboral del 2010, aprobada por el PSOE, constituye un "Fondo público de cobertura de indemnización por despido" estableciendo que corresponde al FOGASA abonar una indemnización de 8 días por año trabajado en casi todos los casos de despido, incluyendo empresas solventes o que no están en concurso, es decir, se subvenciona con dinero público el despido en la empresa privada.

§ La reforma laboral del 2012, aprobada por el PP, con su apartado de "Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo" produce un aumento de ERES en el Estado superior al 70% (Extremadura:182%, Murcia:159%, Euskadi:126%), vulnera la negociación colectiva lo que provoca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que haya más de 3.000 convenios colectivos pendientes de firma (afectando a 4 millones de trabajadores). Además introduce la posibilidad de despido en el sector público, curiosamente en el que más empleo se destruye durante el último trimestre de 2012.

Con semejante panorama el FOGASA se encuentra con más de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de €. Su plantilla constituida por unas 400 personas ve incrementada su actividad un 500%, mientras se amortizan jubilaciones o no se cubren bajas por enfermedad. Sus letrados (cerca de 130) sólo llegan a cubrir un 30% de los procesos judiciales lo que provoca el pago de prestaciones indebidas, como declara un funcionario "en los procesos concursales hay que estar vigilantes, los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan abasto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden". Por la otra parte, los trabajadores afectados sufren demoras de hasta 18 meses en el pago de sus indemnizaciones, en muchos casos se encuentran en situación de precariedad (carentes de ingresos o pendientes de embargos o desahucios) Un funcionariado desbordado intenta agilizar todos los trámites, pero es imposible.

El Gobierno decide actuar con eficacia y contundencia, concede una dotación al FOGASA de 843 millones de € para el año 2013, consciente de que durante el año 2012 se habían desembolsado 1.530 millones, lo que había supuesto un incremento de un 2% respecto a 2011 y superado el 22% del gasto presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Cuando los sindicatos comunican la situación de colapso al Ministerio de Empleo se les contesta que "no hay presupuesto" (sin duda expresión más amable que el famoso "que se jodan" made in Frabra).

Además "como el Gobierno también tiene la certeza de que el FOGASA no funciona, entre otras cosas, por el exceso de funcionariado", decide impulsar un Plan de viabilidad que contiene dos programas, que se supone comenzarán a funcionar a partir del 15 de septiembre:

§ GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados): Se adjudica de forma "temporal y transitoria" a una empresa privada la resolución de unos 125.000 expedientes. (¿Qué pasa con la ley de protección de datos o con el procedimiento administrativo...?)

§ FONO: Adjudica de forma definitiva la atención telefónica a los beneficiarios del fondo.

El Ministerio de Empleo (en la habitual línea de contradicción gubernamental) asegura que la gestión privada aminorará el fraude en las prestaciones, aunque por otro lado, desmiente que se vaya a privatizar el FOGASA.

Para elaborar un nuevo plan de funcionamiento se contrata a la consultora privada KPMG, la misma elegida para establecer un sistema de supervisión de los desempleados que perciben prestaciones. Para tranquilidad de desempleados decir que KPMG auditó las cuentas de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) desde 1991 sin detectar nunca ninguna irregularidad hasta su intervención por el Banco de España y la imputación de su cúpula directiva por estafa en el 2011. Aún hay más, recientemente ha sido denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid por haber infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y su Código Deontológico, por el conflicto de interés que suponía ser al mismo tiempo: el encargado de decidir qué afectados por las preferentes de Bankia tenían derecho al arbitraje y el defensor de esa entidad ante los tribunales. Entre los trabajadores que tiene o ha tenido la consultora nos encontramos con Elena Pisonero Ruiz, colaboradora de la FAES y antigua Secretaría de Estado de Comercio y Turismo o Román Ceballos, conocido zaplanista y Secretario de Empleo de la Generalitat que fue cesar y fichar como director del Área Laboral. Esta consultora, a raíz del caso Bárcenas, se ha negado a realizar una auditoría externa a las cuentas del PP, claro está que razones no le faltan.

Para CGT/CAT la situación del FOGASA no pasa por privatizar y consideramos prioritario el ingreso de un número suficiente de funcionarios y mayor crédito presupuestario, así como una profunda reestructuración del modelo político, económico y social que entre otros aspectos contemple la autogestión de las empresas por los trabajadores. Asimismo consideramos que esta situación trata de buscar a medio o largo plazo la supresión de las prestaciones públicas por desempleo y la implantación del denominado "modelo austríaco" consistente en un fondo de capitalización individualizado pagado del bolsillo de cada trabajador y que incluiría la cobertura en caso de paro, es decir, como el despido ya es prácticamente libre, ahora se pretende que resulte totalmente gratuito para el empresario y que sea cada trabajador el que pague su propio despido. Desde CGT/CAT no nos resignamos a colocar arrodillados velas ante los "Santos patronos" para descanso de nuestra conciencia (como se recomendaba en el Telediario de TVE) sino que continuamos por el camino para ganar derechos:

DIGNIDAD Y LUCHA!!!

La Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril denuncia...

La cortina de humo de la rentabilidad para tapar la inficiencia de las políticas de transportes.

Nuevo castigo del gobierno a zonas envejecidas y despobladas como la provincia de Salamanca. La población y el Medio Ambiente perjudicados seriamente por el cierre de líneas ferroviarias.

La decisión de cerrar líneas ferroviarias es un paso más en el desmantelamiento del transporte público en España. La rentabilidad es el argumento para suprimir líneas accesibles a la mayoría de la población. Pero esa no se exige a los miles de millones de euros invertidos en líneas de alta velocidad, que no son rentables en la mayor parte de los casos. La Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril lamenta que se cierran líneas y servicios de tren convencional, como el Salamanca-Ávila con paradas en todas las estaciones, socialmente accesible y con menor impacto ambiental; mientras continúa el despilfarro y la ineficiencia con la Alta Velocidad o se socializan pérdidas de autopistas de peaje que nadie necesitaba.

Se extiende el panorama de trenes ultrarrápidos y ultracaros vacíos, de estaciones fantasma en ciudades y pueblos incomunicados. La intención del Ministerio de Fomento de cerrar y reducir la oferta de líneas de tren convencional es continuar la política de transporte iniciada hace dos décadas, que sentencia de muerte al ferrocarril convencional mientras aumentan de manera insostenible las líneas de alta velocidad. El muy cuestionable honor de ser el segundo país del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad se ha logrado a golpe de deuda pública y despilfarro. Sin olvidar la desmesurada red de vías de alta capacidad por autovía, de las mayores del mundo.

En Julio de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley por el que se adoptan una serie de medidas para privatizar el transporte ferroviario nacional de viajeros. Posteriormente en Diciembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó suprimir servicios de tren de media distancia o regionales para abaratar costes del servicio ferroviario. El mal llamado "Plan de Racionalización de Servicios Ferroviarios de Media Distancia Convencional" únicamente plantea recortes, ninguna mejora de frecuencias. Racionalizar sería cambiar trenes de sitio y/o de horario para captar más viajeros, pero lejos de plantearse mejoras de productividad se plantea una reducción del sector ferroviario en oferta, demanda y empleos.

Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los cierres previstos. La única forma de desplazamiento será por carretera, lo que dificultará la vida de aquellas personas residentes en el medio rural que no dispongan de automóvil o no puedan conducirlo, por edad o estado físico. La sustitución de trenes por autobuses supondrá un deterioro del servicio de transporte para los sectores más vulnerables, y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio ferroviario convencional. Sin olvidar que en el caso del servicio entre Salamanca y Ávila se perjudicará a los viajeros de dos trenes de la relación Salamanca a Madrid, al aumentar la duración del viaje (ya de por si demasiado largo), al hacerse cargo de las paradas suprimidas.

Se emplea el argumento de cerrar los servicios de tren convencional que no son eficientes desde el punto de vista medioambiental, económico y social, cuando es la política de transporte la que ha provocado esa ineficiencia. En las últimas décadas se han invertido cantidades multimillonarias en construcción y mejoras de nuevas infraestructuras de alta velocidad, mientras el ferrocarril convencional ha quedado, por el contrario, desatendido. Por ello, las líneas de tren de media distancia están cada vez más obsoletas y funcionan peor.

Una política de transporte que no solo es injusta en términos sociales (priorizando la vertebración entre grandes ciudades y marginando las pequeñas poblaciones rurales) y económicos (el AVE es inaccesible económicamente para una gran parte de la sociedad), sino que también ha incidido en los problemas ambientales que causa el transporte: construcción de infraestructuras, consumo energético y emisiones de CO2.

Las ineficiencias económicas registradas en algunas líneas ferroviarias que se cierran son fruto de una obsolescencia programada, no de la falta de demanda potencial. Mientras España sólo planificaba grandes infraestructuras de alta velocidad, los países con mayor demanda actual de ferrocarriles se centraban en planes de servicio de todo tipo de trenes, con frecuencias competitivas, intermodalidad e inversiones más puntuales y efectivas sobre todo en la red ferroviaria convencional. Suiza o Alemania serían ejemplos interesantes que seguir.

Si se hubiera apostado por un modelo económico más racional, equilibrado entre los territorios y respetuoso con el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos, apostando por el tren convencional, la deuda pública sería hoy varias veces inferior, la factura en consumo energético sería mucho más pequeña (el transporte es el mayor consumidor de energía primaria en España), las emisiones de gases de efecto invernadero serían menores, nuestro territorio estaría menos fragmentado y nuestros hábitats naturales menos deteriorados.

Cada año, el transporte de pasajeros y mercancías en España genera unos costes sociales y ambientales de 60.000 millones de Euros, en concepto de contaminación local, cambio climático, accidentes y ruido, una cifra equivalente a cerca del 7% del PIB español. España importa cada año carburantes por valor de 45.000 millones de euros, afectando a la balanza de pagos exterior. La mayor parte de los accidentes laborales también se produce en el acceso al trabajo ("in itinere") afectando a la productividad laboral. Todos los estudios sobre movilidad y empleo concluyen que el transporte público y la movilidad sostenible generan entre 1,5 y 2,5 más empleo por viajero-kilómetro que la automoción.

Resulta alarmante que los numerosos ejemplos de ineficiencia y despilfarro no lleven a rectificar y apostar por una nueva política de infraestructuras que abandone la construcción de nuevas líneas de AVE, obligue a que el transporte por carretera asuma los costes reales por el uso y mantenimiento de la carretera y apueste por el tren convencional como el modo de canalizar los desplazamientos interurbanos.

Para ahorrar el equivalente a 7 kilómetros nuevos de Alta Velocidad (unos 80 millones de Euros) se deja sin servicio a 1.650.000 viajeros anuales. Sólo los 3.000 millones de Euros que supondrá rescatar las autopistas ruinosas permitirían afrontar los costes del ferrocarril que ahora se eliminan durante no menos de 37 años. Y ello teniendo en cuenta que los costes medios del ferrocarril en España son de los más reducidos de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Según este realizado en 2013 con datos de 2008, Renfe y Adif disfrutaban de unas subvenciones estatales muy por debajo de la media europea. España conseguía la mayor producción de trenes-kilómetro por trabajador, 5.470 kilómetros frente a los 2.940 de la media; una oferta ferroviaria un 66% menos subvencionada que la media, con 5,75 Euros por tren-kilómetro frente a los 16,74; y una reducida subvención por viajero-kilómetro, también un 66% inferior a la media, con 5 céntimos frente a 14. Y no olvidemos que más cerca, el aeropuerto de Matacán acumula más de 60 millones de Euros públicos en pérdidas e inversiones innecesarias en los últimos años.

Manifiesto leído en la concentración del 28 de mayo de 2013, en la Plaza Mayor de Salamanca, 

Hoy, 28 de mayo, conmemoramos el "Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer", una fecha poco conocida y propuesta hace 26 años por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) para denunciar especialmente las altísimas tasas de mortalidad materna en el mundo.

El derecho de las mujeres a gozar de una salud integral a lo largo de todo nuestro ciclo vital, es un derecho humano universal reconocido internacionalmente. Sin embargo, muchas mujeres no pueden acceder a una atención primaria ni tienen garantizados sus derechos en salud reproductiva y sexual.

En este contexto, ahora mismo en este país, las mujeres estamos sufriendo un grave recorte de nuestros derechos. Unas veces con la excusa de la crisis económica y otras por las presiones de sectores ultraconservadores como la jerarquía de la Iglesia Católica, el caso es que ahora mismo se debate la reforma de la Ley del Aborto, lo que supone que se está poniendo en tela de juicio nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra vida reproductiva y cuándo queremos ser madres.

Queremos poner de manifiesto la hipocresía del gobierno y de los sectores ultraconservadores de la sociedad:

- Cuando se habla de la Ley de supuestos, se está poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres, ya que, por ejemplo, quieren obligarnos a llevar adelante un embarazo aún cuando "el feto tenga graves minusvalías o malformaciones"

- La reforma que se propone supondrá un aumento de los abortos clandestinos, especialmente entre las jóvenes

- La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se hacen en el sistema privado de salud, lo que supone una desigualdad. Mujeres con menos recursos, inmigrantes, personas consideradas por el gobierno como "ilegales", jóvenes, mujeres que viven en zonas rurales o en zonas urbanas desfavorecidas, minorías étnicas, etc no tienen garantizado su derecho a la salud en un sistema público, no todas tenemos las mismas posibilidades económicas ni sociales

- Hay grandes desigualdades entre territorios a la hora de acceder al derecho a la salud: en comunidades como Navarra no se aplica la ley y en el caso de las mujeres inmigrantes no podremos interrumpir el embarazo en la sanidad pública

- Los recortes laborales y sociales y los despidos masivos, castigan especialmente a las mujeres. Estar embarazada sigue siendo causa de despido en muchas empresas

- Esos mismos recortes están dificultando la conciliación de la vida familiar y laboral

- Además se recortan las ayudas a la dependencia y los cuidados a personas con dificultades vuelven a recaer en las mujeres

- Se han abandonado todas las políticas de prevención, cerrado centros de planificación familiar, no sabemos cómo va a afectar el repago a la píldora del día después...

- Existen grandes presiones por parte de sectores ultraconservadores y la jerarquía de la Iglesia Católica. Éstos siempre han estado obsesionados con el control de nuestros cuerpos porque entienden que las mujeres somos propiedad de los
varones y que no estamos capacitadas para tomar decisiones

Ante esta realidad, el Grupo de Acción Derecho a Decidir, constituido por diferentes asociaciones y colectivos que trabajamos por los Derechos de la Mujer, y todas las personas aquí reunidas, EXIJIMOS:

- Que se respete el derecho de las mujeres a decidir: la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que debe tomar cada mujer libremente, sin ningún tipo de coerción

- Que se garantice el derecho de acceso a un sistema sanitario público, de calidad, gratuito y universal a todas las mujeres, independientemente de nuestro origen o clase social y del territorio en que residamos

- Que se establezcan políticas reales y efectivas de planificación familiar, incluidas en la seguridad social, y protección frente a enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH/SIDA

- Que en el sistema educativo se incluya la educación en igualdad, con materias que aborden las relaciones afectivos-sexuales

- Que haya formación específica en estas materias para el personal sanitario, educativo y de servicios sociales

- Que tanto las mujeres que decidamos interrumpir nuestro embarazo como el personal que lo realiza, tengamos seguridad jurídica plena 

Tenemos derecho a ejercer nuestra salud sexual y reproductiva de manera sana, libres de violencia y coerción, y a buscar y sentir el placer sin culpas.

Sr. Gallardón, representantes de la Conferencia Episcopal, patriarcas en general.., NO VAMOS A PEDIR PERMISO PARA SER LIBRES; YA LO SOMOS Y POR ESO LUCHAMOS.

Pueblos Unidos contra la Troika: 1 de junio Manifestación Internacional

MAREA EUROPEA Contra los recortes y por una verdadera Democracia

La CGT de Salamanca participa y apoya esta jornada de lucha Internacional.

El 1 de junio, a las 19 horas partirá la manifestación desde la plaza de la Constitución para finalizar en la plaza Mayor.

Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika (el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea) con la ayuda de los gobiernos cómplices, están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas y entidades financieras. El rescate Europeo a la banca, avalado y garantizando por el Estado, una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes.

Con la excusa de la crisis de la deuda han modificado la Constitución (Art.135.3) sin escuchar nuestra voz en referéndum, imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la Sanidad o la Educación que son entregados al sector privado como "oportunidad de negocio", vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas. Con ello se ha provocado, además, que miles de familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria.

La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones es el expolio, la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas neoliberales.

Ya sea a través de los memorandos impuestos por la Troika a Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del Estado Español se está produciendo un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la desigualdad social en toda Europa.

Sabemos que el modelo de desarrollo insostenible de las últimas décadas basado en un alto consumo de recursos energéticos y materias primas ha llegado a su fin. Frente al crecimiento ilimitado de la economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo, pero no para salvar a los bancos sino a las personas, a las generaciones futuras y al planeta.

Este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa, desde sus ciudadanos/as, para que los derechos de las personas y las decisiones políticas democráticas se impongan a la avaricia de las instituciones y mercados financieros y de las grandes multinacionales.

Cuando celebramos el segundo aniversario del 15M, de la toma de conciencia política de la ciudadanía, de los nuevos movimientos sociales que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales a través de las asambleas, las mareas y las plataformas, sabemos que nuestra lucha es internacional y exige la convergencia de la ciudadanía de todos los países afectados.

En Europa, diversos colectivos procedentes del Estado Español, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania y Eslovenia reunidos en Lisboa el pasado 26 de abril invitados por el movimiento portugués 'Que se Lixe a Troika' hacemos un llamamiento a una protesta internacional descentralizada el próximo 1 de Junio contra las políticas de ajuste del déficit bajo el lema "Pueblos Unidos contra la troika".

Este es el comienzo de un proceso descentralizado, inclusivo y participativo. Queremos construir colectivamente, uniendo nuestras fuerzas y acciones, protestando internacionalmente contra la Troika. Llamamos a todas las personas, con o sin partido, con o sin trabajo, con o sin esperanza, a unirse a esta propuesta el próximo 1 de Junio. Apremiamos a todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos, colectivos, grupos informales, a unirse en esta jornada internacional.

Queremos seguir ampliando nuestras alianzas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que somos conscientes de que sólo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa han demostrado que no están dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de demostrar nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa, la Europa de las personas.

De norte a sur, de este a oeste.

Tomemos las calles en toda Europa contra la Troika

Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales.

No al golpe de estado financiero. No debemos, no pagamos.

Hay alternativas. Hay soluciones:

- Por la Justicia social y ambiental

- Por la Transparencia y la Democracia Participativa

- En defensa de unos Servicios Públicos y Universales

- Por una Auditoria Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima

Octavilla

En defensa de pensiones públicas,

suficientes y dignas para toda la población

A los expertos en destruir derechos (esta vez las PENSIONES) debería darles vergüenza: trabajan para banqueros y aseguradoras y se les paga con los derechos robados a los 9 millones de pensionistas

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Nuestro Sistema público de Pensiones se basa en tres principios:

DE REPARTO: con las cotizaciones de un año se pagan las pensiones de ese año.
DE SOLIDARIDAD: todos contribuimos y todos somos beneficiarios/as.
DE EQUIDAD: redistribución de la riqueza social, tratando desigualmente a los desiguales para alcanzar ciertas cotas de justicia social.

El Capítulo de Gasto Social de los PGE, ascendió en el año 2012 a 175.382 millones de euros. Gasto Social que se empleó para PENSIONES: 115.825 millones de €, DESEMPLEO: 28.805 millones de €, SANIDAD: 3.974 millones de €, EDUCACIÓN: 2.220 millones de €.

El Estado ha pagado de intereses a los banqueros y tenedores de la deuda, durante el 2012 [un total de 28.848 millones de euros], es decir, ha pagado de los bolsillos de la mayoría social, 345 Millones de € más que a las personas desempleadas [un total de 28.503 millones de euros] y, eso que el desempleo aumentó en el 2012 en 805.000 personas.

Las mentiras y el "cientifismo interesado" de los expertos ligados a las entidades Financieras y Aseguradoras, ya en 1995, vaticinaban que en el 2010, el déficit de la Seguridad Social sería del 2,15% y la tasa de dependencia (relación entre cotizantes/pensionistas), sería de 0,9/1. Vaticinaban la insostenibilidad del Sistema Público.

La realidad es que la Seguridad Social ha tenido superávit hasta el 2011 y lo ha tenido de forma histórica. La actual relación entre cotizantes/pensionistas en el 2010 era de 2,57 cotizantes/1 pensionista.

Hoy, 18 años después, los "expertos" financiados y dependientes de las mismas Entidades Financieras y Aseguradoras, vuelven a vaticinar la "quiebra del sistema de pensiones para el 2023" y proponen sin ningún "rubor científico" y menos aún sin ninguna humanidad ni ética, que las pensiones futuras a partir del 2014 tienen que bajar y, las pensiones actuales (9 millones) tienen que "seguir creciendo por debajo del coste de la vida".

Los argumentos del poder financiero, las aseguradoras privadas y sus voceros, la troika, el PP, el PSOE, CIU, PNV, UPyD y los "expertos ": "El sistema es inviable por el aumento de la esperanza de vida, la menor entrada de afiliados/as y el aumento de los años en que se percibe pensión"

LA REALIDAD:

Desde 1995 a 2010, la población cotizante aumenta en 5 millones.
En la actualidad, de cada 100 euros de riqueza social que genera la economía española, se dedican 9,9 euros para pensiones, luego quedan 90,1 euros para repartir.

Con solamente un incremento de la productividad del 1,5% de aquí al 2050, la riqueza social se situaría en 225 euros, si dedicáramos el 15% para Pensiones, es decir 33,75 euros, quedarían para repartir 191,25 euros.

Aquello que realmente debe ser reformado:

Terminar con la desfiscalización del capital:

· Incrementos de los impuestos de: Beneficios, de rentas superiores a 60.000 euros, de patrimonio, de transacciones financieras.

· Terminar con el doble fraude fiscal, el legal y el ilegal de las rentas altas.

· Terminar con la desregulación financiera, estableciendo una nueva mucho más severa, disciplinada, represiva y autónoma respecto a los intereses privados, tanto de los bancos, grandes fondos de inversión y empresas multinacionales como de las agencias de calificación.

· Terminar con las subvenciones a las cotizaciones empresariales.

· Terminar con los paraísos fiscales (al menos en el Espacio Económico Europeo) y, seguidamente

· Suprimir las SICAV, es vergonzoso que las grandes fortunas, amparadas en esta figura, tributen el 1% y los asalariados seamos los que realmente mantenemos los servicios públicos.

· Terminar con la deuda ilegítima u odiosa, diseñada para favorecer el negocio de la banca privada a costa de crear innecesariamente un problema ingente de deuda soberana.

· Acabar con los planes de pensiones privados en la Administración pública y restituir las cantidades recaudadas al sistema público de pensiones

Persiguiendo el fraude fiscalde grandes empresarios y fondos de inversión, se obtendrían 90.000 millones de € y con aumentar el Impuesto de Sociedades de las grandes Empresas hasta el 35%, anualmente se tendrían unos ingresos de más de 15.000 millones de €, lo cual sería suficiente para aumentar las pensiones mínimas, de manera universal, a 1.200 € en 14 pagas.

Por el derecho para todas las generaciones a pensiones públicas suficientes
Las pensiones son un derecho social

La CGT denuncia la brutalidad policial que algunos elementos de los cuerpos policiales de este país muestran hacia una ciudadanía que reclama justicia social acudiendo a medios de lucha pacíficos.

SEÑALAMOS A LOS PRINCIPALES CULPABLES QUE NO SON OTROS QUE LOS POLITICOS QUE DICTAN LEYES CONTRA LA POBLACION.

Políticos que actúan al dictado del poder económico que, ante la sin razón de sus medidas, se permiten, además, reprimir cualquier respuesta social organizada que cuestione sus políticas antisociales.

La democracia, aquí y ahora, es solo la etiqueta tras la que se esconde la peor de las dictaduras, la democracia hueca.

El sábado día 18 de mayo, con motivo de la interparlamentaria que el partido popular monto, con nuestros recursos, en Salamanca un numeroso grupo de personas quisieron mostrar su descontento ante las políticas anti sociales que el gobierno y el partido popular que lo sustenta vienen imponiendo.
En todo momento, como se puede ver en los distintos videos que circulan por la red, la gente que se manifestaba lo hacía de forma pacífica, con energía, con motivación, pero sin violencia.

Pero claro, la contestación, la crítica, un pueblo consciente e inconformista no cuadra con la sumisión que gusta al poder y para ello utilizan a los cuerpos represivos, sí represivos, reprimen la manifestación de un pueblo a la par que defienden la incapacidad de la clase política, la brutalidad contra la afirmación en positivo de la razón social.

Nos enviaron a cientos de antidisturbios con la orden clara de apalear a quien se mueva. Así lo hicieron el viernes 17 con otros compañeros, aplicando una brutalidad desmedida, todas lo son, y cobarde, abusando de una manera infamante de la fuerza de ser cientos contra 15, de armas contra palabras, de terrorismo institucional contra resistencia ponderada.

El 18 le tocó probar la porra a algún afiliado de nuestro sindicato, por lo obvio, salir a la calle a decirles a los políticos lo que nos duele de sus políticas antipolíticas, de sus leyes injustas, de su prepotencia dictatorial.

Nos dirigimos a vosotros, policuatreros, para recordaros que os habéis cargado el contrato social, de vuestra democracia delegada, según el cual se os cedía el derecho al uso de la fuerza a cambio de que este poder se utilizara de una manera democrática. No renunciamos a usar la fuerza para que nos apaleéis, ni nos encarceléis, por mostrar de manera pacífica el descontento por unas políticas que están dejando a la gente sin casa, sin trabajo, sin sanidad o sin comida.

Este contrato social lo habéis pervertido y lo estáis utilizados contra el pueblo.

Por ello vamos a replantearnos si debemos seguir manteniendo este contrato o lo rompemos.

A los policías que les dan una porra, unas gafas y un armamento y que por ello se creen los amos del mundo os decimos que vosotros no sois más que unos guiñoles en manos de los poderosos, lo peor es que algunos lo sabéis y lo aceptáis.

Hay muchas maneras de hacer vuestro trabajo y vamos a tomar buena nota de cómo hace cada uno su trabajo. Vosotros sabéis de que hablamos y más vale pronto que tarde os apresuréis a expulsar a aquellos que, de manera degradante, utilizan toda esta parafernalia para aplastar al pueblo. Vamos a tomar nota de ello y haremos que paguen por sus excesos de celo.

No podemos permitir estos excesos.

No podemos pasar de largo diciendo que esto no nos afecta, porque mañana, cuando salgas a la calle y un policía te identifique y te ponga una multa de 300 euros por pasar por allí o te pegue un pelotazo que te deje dos meses en la UVI, o pierdas un ojo, dirás entonces que es una injusticia, un abuso de poder, pero entonces será tarde.

Esto no es ciencia ficción, a mucha gente en Salamanca le esta sucediendo esto y en España a miles..
Es el momento de decir basta y que paguen por estos abusos los ejecutores y quienes les mandan.